Nairobi, Kenia. Estados Unidos deportó a más de 25.000 personas en virtud de acuerdos secretos con 35 países para recibir a migrantes que no tienen vínculos con esas naciones, según una investigación publicada este lunes.
Desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo en enero de 2025, Estados Unidos firmó acuerdos con países en desarrollo para recibir a migrantes que no pueden ser enviados legalmente de regreso a sus lugares de origen.
La investigación de la entidad sin ánimo de lucro Forbidden Stories reveló que el gobierno destinó 410 millones de dólares para ser entregados directamente a los países receptores o a organismos de la ONU para facilitar las deportaciones.
Al menos 25.447 personas fueron deportadas a terceros países hasta el 31 de agosto de 2026, según datos recopilados por Forbidden Stories junto con un consorcio de periodistas internacionales.
La gran mayoría -unas 20.000- fueron enviadas a México, mientras que el resto fue distribuido entre otros 27 países de América Latina, África y el Pacífico. Además se finalizaron acuerdos con otros siete países.
Los acuerdos varían, incluso en cuanto a las nacionalidades de las personas que pueden ser deportadas y si pueden ser aceptadas personas con antecedentes penales.
Limbo legal de migrantes
Una investigación de la AFP publicada a principios de este año reveló que Washington está utilizando prohibiciones de visas y restricciones contra países africanos para presionarlos a aceptar deportados.
Abogados afirmaron a la AFP que los deportados estaban siendo arrojados a un “limbo legal”, retenidos sin cargos en países con los que no tienen vínculos y donde cuentan con pocos derechos, si es que tienen alguno.
Forbidden Stories detalló que 49 de los 54 países de África habían sido contactados para evaluar si aceptarían deportados de terceros países.
Una división poco conocida del Departamento de Estado, la Oficina de Remigración -creada en mayo de 2025-, gestionó la mayoría de las negociaciones y los pagos, según la misma fuente.
La oficina está dirigida por Christian Jove Ehrhardt, un diplomático de 41 años que anteriormente trabajó como oficial de seguridad.
El informe detalla sus visitas a Camerún, país que en diciembre firmó un memorando de entendimiento con EEUU para aceptar deportados. Una semana después, también firmó un programa de asistencia sanitaria de cinco años por un valor de casi 400 millones de dólares.
Al mes siguiente, el Departamento de Estado indicó que proporcionaría otros 30 millones de dólares a la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en Camerún para “facilitar el retorno voluntario de refugiados y combatir la inmigración ilegal”.
El primer avión con deportados llegó a Camerún el 14 de enero.
Pagos directos a gobiernos
Otros acuerdos incluyen pagos directos a gobiernos.
Palau, pequeña nación insular del Pacífico con una población de menos de 18.000 habitantes, firmó en diciembre de 2025 un acuerdo para aceptar hasta 75 ciudadanos de terceros países a cambio de $7,5 millones. Sin embargo, hasta ahora solo tres personas fueron enviadas en virtud del acuerdo.
En Esuatini, 32 personas llegaron desde julio de 2025, de un total potencial de 160 contemplado en un acuerdo valorado en más de $5 millones. Según la investigación, el país aceptó deportados con antecedentes penales.
De los $410 millones previstos para los acuerdos, documentos internos del Departamento de Estado mostraron que $81 millones estaban destinados a los gobiernos signatarios.
El resto estaba destinado a organizaciones de ayuda, incluidos más de $178 millones para la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de la ONU y $123 millones para Acnur.
Las agencias enfrentan críticas por su participación, aunque Acnur afirmó a Forbidden Stories no ser parte de los acuerdos bilaterales y que los fondos estadounidenses se utilizaban de acuerdo con su mandato para fortalecer los sistemas de asilo.
Un portavoz de la OIM detalló a Forbidden Stories que las decisiones de la agencia de aceptar fondos se basaban “en una sola pregunta: si nuestra participación mejorará la vida de los migrantes afectados. En estos casos, creemos firmemente que así es”.