EscucharMadrid (AFP). Diez años después de un trabajo voluntario de abrir fosas comunes y exhumar 5.200 cuerpos de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) pide al gobierno que se implique en buscar a los desaparecidos.
Después de esta década en que se han localizado y abierto unas 150 fosas comunes, "quedan muchísimas más de las que hemos abierto", explicó este domingo a la AFP Santiago Macías, vicepresidente de la ARMH.
La asociación tiene actualmente una lista de "casi 14.000 casos de víctimas reclamadas por sus familias", precisó su presidente, Emilio Silva, 10 años después de la primera acción la asociación, la apertura de la fosa común en la que se encontraban 13 cuerpos, uno de ellos el de su abuelo, fusilado en 1936 en la localidad de Priaranza del Bierzo (provincia de León, noroeste).
Allí se conmemoraba este fin de semana el décimo aniversario de la creación de la asociación, que junto con otros grupos regionales trabaja principalmente a partir de los testimonios de los familiares de las víctimas y casi siempre con voluntarios para exhumar cuerpos, identificarlos y entregarlos a los familiares.
Tras una década de trabajos, "reivindicamos que tiene que ser el Estado el que se ocupe de hacer esto, no puede ser una asociación la que garantice el cumplimiento de los derechos humanos"; "esperamos que no vuelvan a pasar otros 10 años y sigamos en esta situación", espera Macías.
Y ello a pesar de que el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y el Parlamento español aprobaron en 2007 la ley de Memoria Histórica para rehabilitar a las víctimas de la Guerra Civil (1936-1939) y el franquismo (1939-1975).
Esta ley "no ha servido para garantizar a los familiares el derecho que tienen a la verdad, justicia y reparación; se ha quedado en una declaración de intenciones pero no ha servido para nada porque no establece los mecanismos para que una persona pueda recuperar a su familiar. Siguen siendo las asociaciones las que lo hacen", lamenta.
"Tenemos que reclamar que las exhumaciones sean el objetivo primordial de la ley de Memoria Histórica", defiende, tras considerar "injusto" que en virtud de la ley se subvencionen monolitos o placas de recuerdo y su asociación reciba sólo 60.000 euros anuales desde 2006.
En estos 10 años también se logró que el juez español Baltasar Garzón iniciara una breve investigación en 2008 sobre unos 114.000 desaparecidos durante ese período, por lo que fue suspendido y será juzgado por el Tribunal Supremo español.
Garzón fue objeto de una denuncia de grupos de ultraderecha que estiman que el magistrado abrió esas pesquisas a sabiendas de que no era de su competencia, ya que no respetó la ley de amnistía decretada en 1977, tras la muerte del general Francisco Franco.
Este año la justicia argentina aceptó una demanda de familiares de víctimas españolas y ahora el colectivo de familias tiene "muchas esperanzas" puestas al otro lado del Atlántico.
Familiares y representantes de organismos humanitarios presentaron una denuncia el 14 de abril para que la justicia argentina investigue esas desapariciones, la fiscalía la desestimó pero en septiembre se reabrió la causa.
"Que se abra la vía argentina es algo que nos hace albergar muchas esperanzas, porque si el camino es al revés de lo que se hizo en España con Argentina o con Chile, da lugar a la esperanza y a tener ilusión de que esto prospere", estimó Macías.
Hacía alusión a la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet a demanda de Garzón y a los juicios en España a represores de la dictadura argentina en virtud de la justicia universal.
Actualmente la ARMH trabaja en "incorporar datos y más nombres a esa lista (demanda) de Argentina", precisó.
