EscucharEl Gobierno español dijo ayer que pidió al Gobierno del Reino Unido la extradición del expresidente chileno, Augusto Pinochet, para que sea juzgado en Madrid por acusaciones de genocidio, terrorismo y tortura.
Horas después del anuncio, Chile protestó llamando a Santiago, para consultas, a su embajador en Madrid, Sergio Pizarro.
La aprobación del pedido de extradición de Pinochet formulado por el juez Baltasar Garzón fue anunciada por el vocero gubernamental Josep Piqué en una conferencia de prensa efectuada al concluir la reunión de gabinete.
El ministro de Relaciones Exteriores, Abel Matutes, presente en la reunión informativa, dijo que esperaba que el pedido llegara el martes al Ministerio británico del Interior.
Garzón, cuya orden de detención de Pinochet, de 82 años, condujo al arresto en Londres, el 16 de octubre, del general, que es senador vitalicio de Chile, tramitó esta semana el pedido de extradición ante el Gobierno español.
El presidente del gobierno, José María Aznar, criticó la investigación de Garzón de presuntos delitos cometidos en Chile y Argentina entre 1973 y 1990, arguyendo que estaban fuera de su jurisdicción.
Pero Aznar y otros funcionarios gubernamentales habían dicho que tramitarían ante Gran Bretaña todo pedido de extradición que recibieran. Señalaron que era una cuestión que le correspondía a la justicia.
Matutes lo reiteró ayer. "Comprendemos que es una cuestión delicada, que debe ser tratada con prudencia", dijo. "Pero lo más importante es que es una cuestión judicial. Tenemos que respetar la ley y las decisiones de nuestros jueces, le complazca o no al Gobierno."
Matutes manifestó que el Gobierno tenía conciencia de que "evidentemente Chile no piensa igual... pero que comprende que España debe respetar sus leyes".
La Audiencia Nacional falló la semana pasada que el sistema judicial español tiene jurisdicción para actuar sobre crímenes como los que se le atribuyeron a Pinochet.
Sostuvo que había base para procesar a Pinochet por genocidio porque presuntamente trató de eliminar todo un grupo de personas -sus adversarios políticos- y, según las leyes españolas, los tribunales españoles pueden procesar por genocidio sin importar donde ocurrió.
Pinochet no puede ser procesado en Chile porque goza de amnistía y además tiene inmunidad de senador vitalicio, según una constitución que propugnó para la transición en 1990 al gobierno democrático.
La decisión del Gobierno español deja ahora el destino de Pinochet en manos de Gran Bretaña.
Un tribunal de cinco jueces de la Cámara de los Lores escucha estos días una apelación a un dictamen de un tribunal superior, que consideró que la detención de Pinochet fue ilegal porque goza de inmunidad de exjefe de Estado.
De todas formas, los Lores pidieron ayer un poco más de tiempo para reflexionar sobre su decisión.
