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Roma. AP. La Justicia española advirtió ayer a Venezuela que no se puede tolerar amparo alguno a ETA y dijo que si hay colaboradores del grupo separatista vasco deben ser juzgados o entregados.
El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, manifestó que se va a investigar a fondo el papel de Arturo Cubillas, quien trabajó como funcionario del gobierno de Hugo Chávez y al que dos etarras detenidos acusaron de organizar un curso sobre manejo de armas en Venezuela en 2008.
El Presidente venezolano dijo que “la derecha está empeñada en que el mundo crea que él es un terrorista o narcotraficante para que se le abra juicio”.
“Si existen indicios racionales de que alguien en Venezuela apoyó al terrorismo español, esa persona tiene que ser entregada a España o investigada y enjuiciada en Venezuela”, agregó el mandatario.
El canciller Miguel Ángel Moratinos reiteró en el parlamento que el Gobierno exigirá a Venezuela una “respuesta sobre Cubillas y el adiestramiento de etarras”.
Moratinos dijo que hay una investigación en curso y que el ejecutivo utilizará todos los mecanismos políticos, diplomáticos, judiciales y policiales para derrotar a ETA.
Pedido. Cubillas pidió a las autoridades judiciales venezolanas la apertura de una investigación de los hechos y denunció el “estado de indefensión en el que se encuentra tras las acusaciones en su contra”.
Chávez resaltó que la Cancillería venezolana se mantiene en contacto permanente con el Gobierno español, con el propósito de colaborar en las investigaciones del caso.
“Ya nosotros respondimos a España”, insistió Chávez, quien negó el vínculo con ETA.
Mientras tanto, el opositor Partido Popular (PP) de España acusó a Moratinos de creer en Chávez.
El portavoz de Exteriores del PP, Gustavo de Arístegui, pidió que se convoque al embajador venezolano en Madrid para exigir “explicaciones y no información sobre el triángulo diabólico”, que, a juicio de Arístegui, forman ETA, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y Venezuela.
