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El Gobierno de España aprobó, a través del Consejo de Ministros, un proyecto de ley que prohibiría por primera vez el consumo de tabaco y cigarrillos electrónicos por parte de menores de edad y ampliaría los espacios donde estaría prohibido fumar o vapear, incluyendo terrazas de bares, playas, piscinas, campus universitarios y espectáculos al aire libre.
El proyecto contempla, además, restricciones a la publicidad y promoción de productos de tabaco y vapeo, incluidas las campañas realizadas por influencers en Internet y redes sociales, así como una limitación de los puntos de venta de estos productos.
La iniciativa ahora deberá ser debatida y aprobada por el Congreso español.
La reforma también extendería las restricciones vigentes para el tabaco tradicional a los cigarrillos electrónicos, dispositivos con y sin nicotina, pipas de agua (shisha o narguila) y otros productos relacionados.
Además, impediría fumar o vapear en un radio de 15 metros alrededor de hospitales, centros educativos, edificios públicos, bibliotecas, museos y parques infantiles, según reportaron los medios RTVE y El País.
Por primera vez los cigarrillos electrónicos y otros dispositivos recibirán prácticamente el mismo tratamiento legal que el tabaco tradicional.
La ministra de Sanidad, Mónica García, afirmó que el objetivo de la iniciativa es “proteger mejor la salud pública y avanzar hacia una generación libre de tabaco”. Según el gobierno español, el tabaquismo provoca unas 50.000 muertes al año en España y las nuevas medidas también reducirían el gasto sanitario.
El Gobierno español estima que la reforma permitiría ahorrar entre 100 y 200 millones de euros al año en gastos sanitarios relacionados con el tabaquismo.
El proyecto establece un régimen de sanciones según la gravedad de la infracción. Quienes fumen o vapeen en lugares donde esté prohibido se exponen a multas de hasta 100 euros cuando se trate de un hecho aislado. Las infracciones leves, entre ellas el consumo de tabaco o cigarrillos electrónicos por parte de menores de edad, serían castigadas con multas de entre 100 y 600 euros, cuyo pago recaería en sus padres o tutores.
Las infracciones graves, como vender estos productos sin autorización o permitir que se fume en establecimientos donde está prohibido, acarrearían multas de 601 a 10.000 euros. En tanto, las muy graves, relacionadas con la publicidad, promoción o patrocinio ilegal del tabaco y los vapeadores, podrían sancionarse con multas de hasta 600.000 euros.
La propuesta ha generado rechazo por parte de la organización Hostelería de España, que considera que la prohibición de fumar en terrazas podría afectar al turismo y la actividad del sector.
La reforma sería la más importante a la legislación antitabaco española desde los cambios introducidos en 2010, cuando se prohibió fumar en el interior de bares y restaurantes.
