
El exteniente Carlos Antonio Carías; Manuel Pop, Reyes Collin y Daniel Martínez, formaban parte de la fuerza élite Kaibil del Ejército de Guatemala, que incursionó en esa comunidad y perpetró la matanza.
Carías y Collin fueron los primeros en declarar ante el tribunal. Ambos negaron su participación en los hechos, aduciendo que estaban asignados en otras áreas el día de la masacre.
El abogado de la organización Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), Édgar Pérez, informó de que han sido capturados siete de los 18 presuntos responsables de la matanza de campesinos.
Julio Zúñiga, abogado defensor de Reyes Collin, espera que se dé un juicio justo y se respeten las garantías de los procesados.
Al exhumar fosas clandestinas en la comunidad, se recuperaron los restos de 167 personas.
La matanza es uno de los casos descritos en el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), instaurada por la ONU después que el Gobierno y las guerrillas firmaron, en 1996, un tratado de paz. Ese tratado puso fin a 36 años de conflicto armado interno, que dejó más de 200.000 muertos y desaparecidos.
Al terminar el exterminio, los militares incendiaron las casas, maquinaria agrícola y desaparecieron, físicamente, la comunidad, según la CEH.