EscucharEl presidente de la Comisión Legislativa de Venezuela (Congresillo), Luis Miquilena, culpó a sectores antipatrióticos de acusarle de corrupción como pretexto para atacar al Gobierno y al presidente del país, Hugo Chávez.
En un documento dirigido al fiscal general, Javier Elechiguerra, que entregó ayer a la prensa extranjera, Miquilena añadió que esos sectores quieren que su país se mantenga "atado y dependiente de la economía mundial".
En una reunión con periodistas extranjeros, el expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente y exministro del Interior del primer gabinete de Chávez calificó de "ofensas" las acusaciones que le involucran en actos de corrupción y tráfico de influencias, y rechazó que sean consecuencia de una división entre civiles y militares en el poder.
El escándalo que estremece al Gobierno tuvo su cenit el jueves, cuando Jesús Urdaneta, exdirector de la policía de seguridad del Estado (DISIP) y compañero de armas de Chávez en la intentona golpista de febrero de 1992, aseguró que Miquilena está involucrado en casos de corrupción.
Urdaneta entregó al Fiscal General 46 expedientes de presuntas irregularidades ocurridas durante el primer año de gobierno de Chávez, entre ellos el de Miquilena, hombre de confianza del mandatario, quien siempre se refiere a él como una especie de mentor.
"Yo les garantizo que estoy moralmente blindado", afirmó Miquilena.
El político informó de que pidió al Fiscal General que abra una investigación, pero descartó que vaya a renunciar a su cargo por del "estiércol" vertido sobre él.
Según Urdaneta, el presidente de la Comisión Legislativa tenía participación en una compañía que imprimió la Constitución y que fue seleccionada sin licitación, y además que benefició a la empresa de pólizas de seguros de un amigo para que adquiriera varios contratos estatales.
Miquilena declaró que vendió su participación en la empresa antes de asumir el Ministerio del Interior, en febrero de 1999, y añadió que, según el Consejo Nacional Electoral, la impresión del texto fue un negocio lícito ya que se repartió entre ocho compañías.
Dijo que no es un delito la recomendación que hizo para que la empresa de seguros de su amigo participara en una licitación.
El político de izquierda añadió que son los exponentes del "no" a Chávez, representados por aquellas personas que siempre han rechazado los cambios "revolucionarios" que impulsa el Presidente, los responsables de la campaña contra él. "No es casualidad", agregó, que el escándalo salga cuando el Gobierno se prepara para aplicar la segunda fase del plan para impulsar la economía.
