Londres y Madrid. El embrollo jurídico está lejos de haberse desenmarañado para el general Augusto Pinochet después del fallo de los Lores que solicitaron ayer al Ministerio del Interior británico que reconsidere el expediente después de la reducción de cargos retenidos contra el exjefe de Estado chileno.
El último fallo de los Lores (ver información aparte) redujo notablemente los crímenes que se le pueden imputar a Pinochet, acusado por el juez Baltasar Garzón de más de 3.000 asesinatos y desapariciones, constitutivos de los delitos de "terrorismo, genocidio y torturas", según el acta de extradición enviada por Garzón a Londres en noviembre pasado.
Empero, el exdictador está acusado en España de 44 casos de asesinatos, desapariciones y torturas cometidos entre 1988 y 1990, como se recoge en el acta de extradición dictada en noviembre pasado por Garzón.
El ministro del Interior, Jack Straw, deberá indicar en las próximas semanas si envía o no a Chile al exdictador, invocando para ello un acta de acusación considerablemente reducida o razones de salud del octogenario general.
También puede autorizar, como lo hizo el 9 de diciembre pasado, la prosecución del procedimiento de extradición a España.
Straw se comprometió a hacer pública su decisión "rápidamente", pero sus asesores jurídicos ya indicaron a la prensa que tendrá necesidad de "cierto tiempo" para considerar los centenares de páginas del expediente.
En forma paralela a la esperada decisión del ministro, los abogados del exdictador iniciaron un nuevo procedimiento ante la Alta Corte de Londres.
El lunes, esta decidirá si acepta considerar la apelación depositada contra la decisión del 9 de diciembre, emitida por Straw.
Si los defensores de Pinochet obtienen una resolución favorable ante la Alta Corte de Londres, pueden detener el curso de los acontecimientos apelando la decisión.
Hasta que Straw no dirima su posición, lo que puede tomar varias semanas, las audiencias por la extradición, fijadas inicialmente para el 6 de abril, serán suspendidas.
En suma, cuando los jueces puedan abocarse al meollo del problema (en caso de que de aquí a entonces el general no sea reenviado a Chile por el Gobierno británico), es decir, a examinar las acusaciones retenidas para que proceda o no la extradición de Pinochet, normalmente deberían actuar con rapidez. Según los especialistas judiciales, este término consumiría una o dos semanas de audiencias.
Después, el expediente volverá a manos de Jack Straw. En esa etapa, el ministro aún tiene la posibilidad de invocar las razones humanitarias para reenviar a Pinochet a Chile, aduciendo la degradación de su salud.