El desmontaje de la democracia liberal húngara no comenzó con el cierre de un periódico ni con un ataque a una universidad. Comenzó en 2010, cuando Viktor Orbán y su partido, Fidesz, obtuvieron una mayoría de dos tercios en el Parlamento.
Esa ventaja permitió a Orbán modificar las reglas del Estado desde dentro y convertir una victoria electoral en una concentración progresiva del poder.
Uno de los primeros blancos fue el sistema de controles. El gobierno modificó las reglas de funcionamiento y composición del Tribunal Constitucional, redujo sus facultades y centralizó la administración judicial.
Asimismo, impulsó una nueva Constitución, vigente desde 2012. El presidente de la Corte Suprema, András Baka, fue removido en 2011; años después, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que su destitución había vulnerado sus derechos, explica la académica Eszter Bodnár.
Con los años, el gobierno sometió a una presión creciente a las instituciones académicas independientes y, en 2017, aprobó una ley que obligó a la Universidad Centroeuropea (CEU), fundada por George Soros, a abandonar sus operaciones principales en Budapest y trasladarse a Viena.
La disputa fue uno de los símbolos internacionales de la ofensiva contra la autonomía académica, escribe el académico Gábor Halmai. Aunado a ello, otras formas de expresión fueron restringidas; fue un escándalo europeo que prohibiese el desfile del orgullo LGBTIQ, en imitación de la Rusia de Putin, y fue esa marcha la primera actividad multitudinaria después de la era Orbán.
Mientras tanto, el gobierno fue construyendo un sistema mediático favorable a Fidesz. Reformas legales, cambios en los organismos reguladores y la concentración de medios en manos de empresarios próximos al poder redujeron el espacio para la prensa independiente.
Reuters señala que, durante los 16 años de Orbán, los medios críticos enfrentaron presiones financieras y estructurales mientras crecían los medios alineados con el Gobierno.
El mecanismo fue más amplio que controlar instituciones: consistió en modificar las condiciones en las que esas instituciones podían actuar. Se redibujaron distritos electorales, se cambiaron las reglas políticas y se ampliaron las facultades del Ejecutivo mediante estados de emergencia y decretos.
Orbán terminó dando forma a su proyecto como una “democracia iliberal”: elecciones y Parlamento, pero con menos énfasis en el liberalismo político, los controles institucionales y los derechos asociados a ese modelo.
Analistas lo han descrito como un régimen híbrido en el que las instituciones democráticas permanecen, pero funcionan bajo condiciones cada vez menos competitivas, como indica un informe del Scowcroft Institute of International Affairs de Texas A&M.
El resultado fue una fórmula política que trascendió Hungría: nacionalismo, concentración del poder, presión sobre medios y organizaciones civiles y utilización de las mayorías electorales para modificar las reglas del sistema. El modelo no necesitó abolir las elecciones, sino hacer que cada elección ocurriera en un terreno cada vez más duro para la oposición.
En 2026, sin embargo, ese edificio comenzó a desmontarse. La derrota electoral de Orbán frente a su exaliado Péter Magyar y el partido Tisza abrió un proceso para retirar a aliados de Fidesz de instituciones clave, reformar el Poder Judicial y reorganizar los medios públicos. ¿Qué seguirá?
La experiencia húngara deja una lección para los países que siguen patrones similares: el deterioro democrático rara vez ocurre de golpe. Puede avanzar mediante leyes, nombramientos, reformas administrativas y mayorías parlamentarias hasta que las instituciones continúan existiendo, pero ya no cumplen la misma función.
País: Hungría
Cantidad de habitantes: 9.583.304
Año de independencia: 1918
Últimas elecciones libres: 2010
Etiqueta en el ranking de democracia IDEA: 83
Nombre del más alto jerarca: Viktor Orbán (hasta 2026)