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El país, que por orden del Gobierno cumplía tres días de duelo, está bajo el estado de excepción que faculta a los militares a patrullar las calles, mientras se aguarda una reunión de cancilleres de la Unasur en Quito.
“Hay calma en el país y calma en los cuarteles de Policía”, declaró a la prensa el ministro de Interior, Gustavo Jalkh, y agregó que la institución retomó sus actividades.
El viceministro de Interior, Edwin Jarrín, manifestó que “no hubo una rebelión de la Policía. Fue una sublevación de unos pocos” y apuntó que no hay detenidos a causa de la protesta, que se inició en Quito y se extendió a cuarteles de cinco de las 24 provincias del país.
Durante la jornada, que revivió el fantasma de la inestabilidad política, hubo cuatro muertos: dos militares, un policía y un estudiante de 24 años, según el más reciente balance oficial.
Desde la mañana, Correa cumplía actividades en su despacho luego del operativo de soldados para ser liberado en medio de un fuerte cruce de balas con policías insubordinados por una ley que aseguran limitará sus ingresos.
El mandatario socialista, quien laboraba en la casa de gobierno acordonada por soldados con fusiles, tildó de “intento de golpe de Estado” al desorden, por el cual el comandante de la Policía, general Freddy Martínez, renunció.
El jueves Correa, en el poder desde enero de 2007, recibió el respaldo de la comunidad internacional, incluyendo la ONU y la OEA, además de EE. UU., la Unión Europea (UE) y Gobiernos latinoamericanos.
La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) condenó la sublevación en una cumbre convocada de urgencia en Buenos Aires, expresando “la necesidad de que los responsables de la asonada golpista sean juzgados y condenados”.
El mandatario enfrentó la mayor crisis política en casi cuatro años de gobierno.
Correa anunció que destituirá a los policías que se rebelaron y que no derogará la ley, la cual fue aprobada el pasado miércoles por el Legislativo de mayoría oficialista.
Responsabilizó del intento de golpe de Estado a la oposición y sectores de la fuerza pública afines al ex mandatario Lucio Gutiérrez, derrocado en abril de 2005 y que rechazó la acusación.
