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El exmarino argentino Alfredo Astiz, un militar emblemático de la dictadura que gobernó el país en la década de 1970, fue detenido ayer en Buenos Aires y quedó a disposición de la justicia para una posible extradición a España.
El arresto fue posible gracias a que, horas antes, el presidente argentino, Néstor Kirchner, derogó una ley que impedía la extradición de militares acusados de crímenes cometidos durante la dictadura.
La detención de Astiz se sumó a la de una decena de militares que durante la jornada de ayer pasaron a disposición del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien ordenó la captura de 45 militares y de un civil a pedido del juez español Baltasar Garzón.
Dicho y hecho
A pocas horas de regresar de una visita a Estados Unidos, el presidente Kírchner derogó el decreto 1581, del año 2001, que obligaba a rechazar los pedidos de extradición de argentinos responsables de la represión durante la dictadura que gobernó el país entre 1976 y 1983.
De esta manera, la justicia argentina podrá decidir en forma independiente del Poder Ejecutivo sobre la extradición a España u otros países, de personas reclamadas por genocidio, terrorismo de Estado y torturas, cometidos durante el régimen de facto.
Sobre Astiz, a quien las víctimas de la represión apodan “el ángel de la muerte”, pesan órdenes internacionales de captura dictadas por jueces de Francia, España e Italia.
Astiz, quien durante la última dictadura dirigía un grupo paramilitar, fue condenado en ausencia a cadena perpetua en Francia por el secuestro y desaparición de las monjas Alice Domon y Leonie Duquet.
En el 2001, también fue reclamado por la justicia italiana por la desaparición de tres ciudadanos de ese país, aunque la solicitud fue denegada en su momento.
El presidente Kírchner tomó la medida de derogar la ley, tras reunirse con el ministro de Defensa, José Pampuro, quien le ratificó que reinaba “un clima de absoluta tranquilidad” en las Fuerzas Armadas, según afirmó en rueda de prensa en Casa de Gobierno el canciller, Rafael Bielsa.
El decreto derogado, firmado por el expresidente Fernando de la Rúa, rechazaba automáticamente todo pedido de extradición por violaciones a los derechos humanos cometidas en territorio argentino.
Según cifras oficiales, durante el régimen militar argentino desaparecieron unas 15.000 personas, aunque los organismos de derechos humanos consideran que la cifra de víctimas asciende a 30.000.
