EscucharMéxico D. F. AFP. La polémica despenalización del aborto durante las doce primeras semanas de gestación, aprobada en la Ciudad de México hace un mes, llegó a la Suprema Corte despúes de que la fiscalía federal y el “ombudsman” nacional impugnaran su constitucionalidad.
Pocas horas antes de que concluya, hoy, el plazo para recurrir la reforma, la Procuraduría General de la República (PGR), dependiente del gobierno del conservador Felipe Calderón, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentaron el viernes por separado sendas acciones de inconstitucionalidad.
“Lo que no puede hacer una norma es permitir la privación de la vida del producto de la concepción, ni discriminar su protección por determinadas características, como sería la temporalidad de la gestación”, afirmó en un comunicado la PGR al explicar su decisión de recurrir la norma.
Por su parte, la CNDH fundamentó su acción de inconstitucionalidad en que solo el Congreso federal tiene competencias en materia de salud, por lo que la Asamblea Legislativa de la capital pudo haberse extralimitado, y en que contradice las normas internacionales firmados por México.
Además, critica que la reforma deje en la incertidumbre a adolescentes embarazadas pues no establece en estos casos quién debe dar el consentimiento, y no reconoce el derecho a la objeción de conciencia de médicos opuestos al aborto.
Ahora, la Suprema Corte deberá decidir si acepta o no los recursos y, en caso de que lo haga, podría tumbar la reforma si aprecia que contradice los preceptos de la Constitución mexicana.
La impugnación de la reforma había sido insistentemente exigida por el Partido Acción Nacional (PAN), al que pertenece el presidente Calderón y tiene mayoría simple en el Congreso federal, pero es minoritario en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Con la irrupción de la fiscalía y el ombudsman, la polémica en torno a la despenalización del aborto, hasta ahora protagonizada por la Iglesia Católica, se ha reavivado tras haberse atenuado en las últimas semanas.
El exgobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) y otras formaciones menores que apoyaron la reforma reaccionaron acusando a las dos instituciones impugnadoras de actuar bajo consigna del presidente, que ya había manifestado su oposición a la despenalización.
“Evidentemente hay un uso político de las instituciones por parte de Los Pinos (residencia presidencial)”, dijo el diputado de la asamblea capitalina Agustín Guerrero.
La PGR, previendo las críticas que se avecinaban, se curó en salud y aseguró al anunciar la acción de inconstitucionalidad que sus criterios para recurrir “son estrictamente técnico-jurídicos, sin atender factores de orden político, económico, social, ético, moral, o de cualquier otra índole”.
En el caso de la CNDH, que se llevó las críticas más duras, llueve sobre mojado, ya que esta institución y su presidente, José Luis Soberanes, ya habían sido acusados de oficialistas por el caso de la muerte de una anciana indígena en Veracruz cuando negaron que hubiese sido violada por militares como indicaba una primera autopsia.
Según cifras del gobierno de la Ciudad de México, 215 mujeres han recurrido hasta la fecha a la nueva ley para interrumpir sus embarazos antes de las primeras doce semanas de gestación.
