EscucharEn un giro que refuerza su control sobre Nicaragua, Daniel Ortega aprobó reformas constitucionales que prolongan los periodos presidenciales de cinco a seis años y oficializan el cargo de “co-presidenta”, actualmente en manos de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.
La Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, avaló los cambios que consolidan el poder del régimen sandinista, según información publicada por el diario La Prensa. Entre las modificaciones más polémicas destaca la capacidad del Ejecutivo para coordinar y supervisar directamente los poderes Legislativo, Judicial y Electoral, lo que elimina cualquier noción de separación de poderes.
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Símbolos del sandinismo institucionalizados
Además de los cambios estructurales, las reformas incluyen elementos simbólicos, como la incorporación de la bandera rojinegra del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) como símbolo patrio. Esta medida busca consolidar la relación entre la identidad nacional y el partido gobernante.
Otra disposición retoma la histórica demanda contra Estados Unidos en la Corte Internacional de Justicia por su intervención en la guerra civil de los años 80, un tema recurrente en el discurso de Ortega, que culpa a actores externos de las crisis internas de Nicaragua.
Un contexto de represión y aislamiento internacional
La aprobación de estas reformas ocurre en un panorama marcado por represión política y social. Desde 2018, el régimen de Ortega eliminó a casi toda la oposición, cerrando medios independientes, encarcelando líderes críticos y forzando al exilio a miles de ciudadanos.
“Estas reformas no son solo un cambio constitucional; representan la consolidación de una dictadura absoluta”, afirmó un politólogo nicaragüense exiliado en Costa Rica, quien habló con La Prensa bajo condición de anonimato por razones de seguridad.
Organizaciones internacionales como Human Rights Watch denuncian que estas reformas son una estrategia del régimen para perpetuarse en el poder y eliminar cualquier posibilidad de oposición.
En este contexto, Ortega enfrenta un creciente aislamiento internacional, mientras las perspectivas de una oposición organizada se desvanecen bajo la represión y la cooptación de las instituciones.
Estas reformas no solo refuerzan el autoritarismo en Nicaragua, sino que también plantean interrogantes sobre cómo la comunidad internacional responderá ante un régimen que se ha negado al diálogo democrático.
