EscucharEl presidente de Paraguay, Raúl Cubas, decretó ayer la liberación del exgeneral golpista Lino César Oviedo, en una medida que, según los analistas, lo puso al borde de un juicio político.
Cubas decidió, por medio de un decreto, dar por cumplida una prisión de 10 años dictada contra Oviedo por un tribunal militar en marzo y liberarlo tres días después de asumir el cargo, aludiendo a una facultad presidencial contemplada en la Constitución.
"Como la facultad constitucional de la conmutación no está reglamentada, el Presidente se expone a un juicio político por decidir una medida ilegal basada en falacias legales", advirtió el abogado Julio Vasconcelos, exasesor legal de la presidencia durante el ejercicio anterior.
Oviedo fue condenado cuando era candidato presidencial por el gobernante partido Colorado, hallado culpable de haber intentado un golpe de Estado contra el gobierno de Juan Wasmosy en 1996. La condena lo inhabilitó como candidato, y, a solo tres semanas de los comicios, Cubas lo reemplazó.
El militar fue acusado de insubordinación y delitos contra el orden y la seguridad de las Fuerzas Armadas.
"Primero, tiene que haber una ley que autorice en forma expresa la libertad de Oviedo y, en segundo lugar, debe haber un informe de la Corte Suprema de Justicia que no sabemos si hay", agregó Vasconcelos.
El decreto argumenta que Oviedo recibió sanciones "que inquietan la paz y la concordia con las que todo gobierno nacional democráticamente elegido desea dar comienzo a su gestión".
Cubas asumió la presidencia de Paraguay el sábado, pero la polémica decisión podría convertirse en el principio de graves problemas.
"A mi criterio esto es un abuso de poder de parte del Presidente de la República, que amerita un juicio político", opinó por su parte el diputado del socialdemócrata Encuentro Nacional, Rafael Filizzola.
El vicepresidente Luis Argaña -enemigo político de Oviedo- fue más cauteloso al considerar que "aparentemente es una interpretación un poco exótica de lo que es la conmutación, pero habría que estudiar un poco los autores, la doctrina y el derecho comparado para ver cómo funciona este mecanismo".
Un juicio político contra el presidente requiere la aprobación de dos tercios del congreso para ser iniciado, y similar proporción para una sentencia.
