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Managua. AFP y DPA. El desafuero de un ministro y un viceministro por supuestos delitos electorales, por parte del Congreso, resucitó la crisis política en Nicaragua.
Uno de los detonantes fue el desafuero del ministro de Gobernación, Julio Vega, y del viceministro de Agricultura, Mario Salvo, que decidió el parlamento, controlado por liberales y sandinistas, el jueves.
La Organización de Estados Americanos (OEA) prepara el envío de otra misión a Nicaragua para hablar con la dirigencia del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN-izquierda) y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC-derecha), según Bolaños.
El secretario general de la OEA, el chileno José Miguel Insulza, expresó su "seria preocupación" por el desafuero de funcionarios del Ejecutivo.
"Esta decisión conspira contra la posibilidad de resolver la crisis actual, y prolonga una situación de incertidumbre que perjudica crecientemente a la sociedad nicaragüense y a su consolidación democrática", dijo.
"Estas decisiones se producen en el momento en que nos encontrábamos explorando con el gobierno, el FSLN y el PLC, vías para concretar una negociación para superar la crisis institucional".
El Congreso y Bolaños están enfrentados desde inicios del año por una reforma a la Constitución, que le resta poderes al presidente y que este no reconoce.
Otros cuatro funcionarios y el propio Bolaños estarían en la mira de los diputados que prometieron continuar el debate para conocer otros dictámenes favorables a la suspensión de inmunidad.
Otro golpe asestado a Bolaños fue la libertad condicional al expresidente Arnoldo Alemán, ordenada por la justicia -controlada por liberales y sandinistas- que exigió al Ejecutivo quitarle la custodia al exmandatario de su domicilio, donde cumplía una condena a 20 años de cárcel por actos de corrupción.
El diputado del Partido Conservador, Jorge Matamoros, lamentó que liberales y sandinistas utilicen el desafuero como arma política para obligar a Bolaños a dialogar.
