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San José (AFP). La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado guatemalteco a indemnizar a dos sobreviventes y a 153 familiares de la masacre del Parcelamiento de Las Dos Erres, en Petén (norte), en la que perdieron la vida 251 personas en 1982 en una de las acciones más cruentas de las fuerzas armadas.
Según la sentencia, fechada el 24 de noviembre, y divulgada este lunes en su página en Internet , la Corte condena al Estado guatemalteco a pagar indemnizaciones en el plazo de un año de 40.000 y 30.000 dólares a Ramiro Osorio Cristales y Salomé Gómez Hernández, respectivamente, dos supervivientes de la matanza.
Asimismo, condena a pagar 20.000 dólares a los 153 familiares de las víctimas de la matanza perpetrada por el grupo especializado de las fuerzas armadas, los temibles 'kaibiles'.
La masacre de Las Dos Erres es una de las más cruentas barbaries cometidas por el ejército guatemalteco durante el conflicto armado (1960-96).
Los hechos ocurrieron los días 6, 7 y 8 de diciembre de 1982, en plena presidencia del gobierno de facto del general Efraín Ríos Montt, actual diputado, cuando miembros de la fuerza especial kaibil ingresaron al Parcelamiento de Las Dos Erres acompañados por un pelotón de aproximadamente 40 soldados, que sometieron a los pobladores a torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Varias de las mujeres, incluyendo niñas y adolescentes fueron violadas repetidamente. Los niños y niñas fueron brutalmente golpeados y arrojados, muchos aun vivos, a un pozo en construcción. Las mujeres y los hombres fueron ejecutados a golpes y luego arrojados al pozo.
La Corte también condena al Estado a investigar "de forma seria y efectiva los hechos que originaron las violaciones de los derechos humanos y sancionar a los presuntos responsables", así como castigar a las autoridades que puedan haber obstaculizado la investigación de los hechos.
También exige al Estado reformar la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad en Guatemala y capacitar en materia de derechos humanos a las autoridades estatales.
Asimismo, ordena que exhume, identifique y entregue los restos de las personas fallecidas en la masacre de Las Dos Erres a sus familiares y levante un monumento en su memoria, además de brindar tratamiento médico y psicológico que requieran las 155 víctimas y crear una página web de búsqueda de niños sustraídos y retenidos ilegalmente.
