EscucharManagua. AFP. El Congreso de Nicaragua empezó ayer a estudiar las peticiones de desafuero que la justicia giró contra ocho funcionarios de gobierno, incluido el presidente Enrique Bolaños, acusados por la Fiscalía de delitos electorales.
Las audiencias se iniciaron con el ministro de Gobernación Julio Vega y el viceministro de Hacienda, Fausto Carcabelo, quienes fueron interrogados por una comisión especial que deberá dictaminar en un plazo no mayor de 45 días.
El parlamento, que dirigen el Frente Sandinista y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC, derecha) en oposición al gobierno, decidió el pasado 30 de junio iniciar el proceso de desafuero contra el presidente y siete funcionarios acusados hace dos años por la Fiscalía por presuntos delitos electorales.
El mandatario es acusado de financiar su campaña presidencial del 2001 con fondos ilegales que fueron manejados en cuentas bancarias no autorizadas por el Tribunal Electoral.
Por otra parte, en un nuevo golpe a Bolaños, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional un decreto presidencial que ordenaba al poder Judicial acatar una resolución de la Corte Centroamericana de Justicia que declara inaplicables las reformas aprobadas en enero por el legislativo y que limitan funciones del presidente.
La anulación fue emitida el lunes y refuerza la posición de los opositores sandinistas y liberales, que controlan los poderes legislativo, judicial y electoral.
Finalmente, el Tribunal de Apelaciones de Managua suspendió la aplicación de una ley salarial que reducía los salarios del presidente y altos funcionarios públicos.
La medida fue tomada por la Sala Civil II ante los numerosos recursos de amparo presentados contra la ley, que entró en vigencia el 15 de junio, informó el presidente del Tribunal, Gerardo Rodríguez.
Ello significa que este mes los altos funcionarios podrán recibir sus megasalarios, siendo el más alto el del presidente Enrique Bolaños ($10.500 al mes).
