El Comité de Apropiaciones Presupuestarias de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, presidido por el congresista republicano Mario Díaz-Balart, ordenaría al secretario de Estado norteamericano Marco Rubio entregar en un plazo máximo de 90 días un plan para la transición de Nicaragua hacia la democracia.
La orden aparece en el informe del proyecto de ley de asignaciones para las entidades Seguridad Nacional, el Departamento de Estado y Programas Relacionados del año fiscal 2027.
En las páginas 113 y 114, el comité emite una orden explícita para Rubio: “A más tardar 90 días después de la fecha de promulgación de esta Ley, el secretario de Estado presentará a los Comités de Asignaciones un informe sobre los esfuerzos para apoyar una transición democrática en Nicaragua, incluyendo el restablecimiento de las libertades fundamentales, las instituciones independientes, los derechos humanos y la libertad religiosa; las medidas para reducir la dependencia de Nicaragua respecto a China; y las condiciones necesarias para celebrar elecciones creíbles, libres y justas”, cita el documento.
¿De dónde viene esta orden?
La orden al secretario Rubio proviene de un comité presidido por un congresista republicano y afín al gobierno de Trump, Mario Díaz-Balart. El político de ascendencia cubana también es cercano a Marco Rubio, con quien lo unen sus raíces latinas.
El foro presidido por Díaz-Balart externó su preocupación por las transgresiones del régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.
“El Comité sigue profundamente alarmado por el desmantelamiento de las instituciones democráticas, la persecución de la oposición política, el cierre del espacio cívico, los ataques a los medios de comunicación independientes y a la sociedad civil, así como por las continuas violaciones de los derechos humanos y la libertad religiosa —incluida la grave persecución contra la Iglesia Católica y sus organizaciones benéficas y educativas—”, explica el informe.
Además, dicho órgano del Poder Legislativo norteamericano dejó clara su disconformidad con la cercanía entre el gobierno de Nicaragua y el de la República Popular China.
“Al Comité también le preocupa que la participación de China haya contribuido a sostener este régimen represivo y a profundizar la alineación de Nicaragua con adversarios autoritarios hostiles a los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos y a la gobernanza democrática en el hemisferio”, añade el documento.
A los vínculos con China también se suman los lazos políticos, económicos y de seguridad entre el régimen Ortega-Murillo y la dictadura de Irán.
Para el Comité, las relaciones entre Nicaragua e Irán conllevan el riesgo de fortalecer ambos regímenes autoritarios, así como “arraigar influencias nocivas en el hemisferio y socavar aún más los intereses nacionales de Estados Unidos y la seguridad regional”.
Finalmente, dicho órgano rechazó que la simulación de procesos electorales sean aceptables como sustitutos de la democracia. Al contrario, el Congreso dice apoyar las elecciones creíbles, inclusivas, libres y justas en suelo nicaragüense.
De cualquier forma, el Comité aclaró que se seguirán financiando los programas de democracia desarrollados en Nicaragua, y no se destinarán fondos a ninguna política, programa o actividad que no promueva la libertad, la gobernanza democrática, la libertad religiosa y las elecciones libres.
Según el documento firmado por Díaz-Balart, el secretario Rubio tiene el deber de rendir cuentas al Comité de Asignaciones Presupuestarias tras la promulgación de la ley.
(Nota del editor: este artículo se actualizó a las 3:25 p.m. de este viernes para mayor precisión).
