La intención gubernamental fue dada a conocer cuando el parlamento, controlado por el oficialismo, canceló la personalidad jurídica del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), acusado de promover actividades ‘terroristas’ y ‘golpistas’.
El presidente del parlamento, el sandinista Gustavo Porras, dijo que “se cancela la personalidad jurídica a una ONG que, como muchísimas en el mundo, lo que hacen es recibir dinero para la desestabilización y para blanquear el dinero que reciben”.
El IEEPP, es la segunda ONG en perder su personalidad jurídica, después del Centro de Información y Servicios en Asesoría de Salud (CISAS), de la costarricense-nicaragüense Ana Quirós, quien fue expulsada del país a finales de noviembre.
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El director del IEEPP, Félix Maradiaga se encuentra en Estados Unidos desde julio, cuando se declaró perseguido político. Enfrenta una acusación penal por “financiamiento de actividades de terrorismo”.
“Lamentamos el camino que han tomado las autoridades de actuar bajo las sombras y sin transparencia, lo que constituye un precedente para la libertad de asociación”, dijo la directora en funciones del IEEPP, Dayra Valle.
Aseguró que “nunca hemos recibido dinero de organización que no esté debidamente constituida en Nicaragua o en otro país y que no cumpla con el marco jurídico”.
Otras organizaciones han sufrido presiones del gobierno, que les impide realizar sus actividades.
El domingo pasado, la policía impidió una marcha del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), y entre los motivos dijo que su directiva no fue renovada en abril pasado.
El director jurídico de Cenidh, Gonzalo Carrión, acusó a las autoridades de dejar en el limbo jurídico a las organizaciones que son críticas porque no les permite efectuar trámites.
Las protestas antigubernamentales contra una fallida reforma a la seguridad social iniciaron el 18 de agosto y derivaron en un movimiento para la salida de Ortega, con 11 años en el poder.
