Organismos de derechos humanos han documentado entre 300 y 500 muertos desde que estallaron las protestas antigubernamentales el 18 de abril en Nicaragua, pero Ramírez asegura que son “más de 1.000”, porque no hay registro de las víctimas en áreas remotas del campo.

La dirigente emergió como una de las principales líderes rurales en Nicaragua desde el 2013, cuando campesinos del sur del país se organizaron para rechazar un proyecto de canal interoceánico que los habría desplazado de sus tierras.

Perseguida por su participación en las protestas contra el presidente Daniel Ortega, Ramírez huyó a Costa Rica a mediados de setiembre por un punto ciego en la frontera y pidió asilo.

Sus cuatro hijos y siete hermanos ya se habían trasladado a Costa Rica huyendo de la persecución contra el movimiento campesino en su país.

"Nosotros ya éramos perseguidos desde antes del 18 de abril, ya teníamos órdenes de captura, hemos sido encarcelados. Era tan grave la situación que tenía medidas cautelares (de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos), pero el gobierno nunca las cumplió", relató.

“Si en el mundo existe justicia, Daniel Ortega y su compañera (la vicepresidenta Rosario Murillo) tienen que ser enjuiciados por crímenes de lesa humanidad...”

La situación cambió en abril cuando los estudiantes salieron a las calles en protesta por una fallida reforma al seguro social. La represión contra los manifestantes convirtió el movimiento en una demanda nacional por la renuncia del presidente Ortega.

Para Ramírez, las protestas hicieron evidente para el mundo una situación de represión que los campesinos ya conocían por su lucha contra el proyecto del canal.

Violencia institucionalizada

"En Nicaragua no hay respeto a los derechos humanos, cada día hay asesinatos, secuestros, torturas en las cárceles, persecución al que se manifieste", comentó la líder campesina.

"Los jóvenes el 18 de abril despertaron, alzaron su voz y dijeron basta de sometimiento. Eso ha incrementado la persecución, los asesinatos de parte del gobierno", agregó.

El sector campesino se sumó a las protestas el 20 de abril, y se integró al movimiento que tomó las calles para repudiar la represión.

"El gobierno respondió asesinando más, persiguiendo más, y la represión continuó", indicó Ramírez.

Ante ello, expresó, los pobladores recurrieron a los tranques (bloqueos de carreteras) como una manera de protestar. El gobierno respondió con la llamada “operación limpieza”, que levantó por la fuerza los bloqueos y expulsó a los estudiantes que habían tomado recintos universitarios.

Ramírez aún cree que el diálogo puede conducir a una salida para la crisis que vive Nicaragua, aunque las conversaciones entre el gobierno de Ortega y una alianza opositora, con mediación de los obispos católicos, están interrumpidas desde junio.

"Pedimos que los países y organismos de derechos humanos hagan esfuerzos para que haya elecciones anticipadas pronto", urgió Ramírez, al insistir en una de las propuestas planteadas en el diálogo, y que fue rechazada por Ortega.

"Si en el mundo existe justicia, Daniel Ortega y su compañera (la vicepresidenta Rosario Murillo) tienen que ser enjuiciados por crímenes de lesa humanidad, porque le han quitado la vida a montones de niños, nos han quitado la paz, nos han hecho vivir los momentos más difíciles que un ser humano puede vivir", sostuvo la líder campesina.

Ortega es acusado por sus adversarios de instaurar una dictadura marcada por la corrupción y el nepotismo junto a su esposa Murillo.