El grupo, entre ellos varios líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que se habían desmovilizado en un acuerdo con el Gobierno de Álvaro Uribe, llegó a Miami (Florida) en un avión de la agencia antidrogas estadounidense (DEA).
Las autoridades colombianas habían extraditado a otro jefe paramilitar la semana pasada.
El excandidato presidencial del opositor partido Liberal, Rafael Pardo, acusó ayer al Gobierno de realizar la extradición para impedir las investigaciones sobre los nexos entre los paramilitares y políticos oficialistas.
Rigor o jugada. El Gobierno colombiano mantenía suspendida las órdenes de extradición de los jefes de las AUC como parte de los beneficios concedidos por la desmovilización de unos 31.000 combatientes, que acabó en el 2006 después de tres años de negociaciones
Pero Uribe argumentó que su Gobierno procedió a la extradición porque los paramilitares no cumplieron los acuerdos que habían firmado al desmovilizarse.
“Unos seguían reincidiendo en el delito, otros no cooperaban debidamente con la justicia, y todos incumplían con la reparación de las víctimas al ocultar bienes o demorar su entrega”, aseguró Uribe en un discurso por radio y televisión.
Entre los extraditados están Salvatore Mancusso, que fue portavoz de los paramilitares; Rodrigo Tovar Pupo (alias Jorge 40 ), uno de los más sanguinarios líderes de la ultraderecha; y Diego Fernando Murillo (alias Don Berna ), un antiguo lugarteniente del abatido capo Pablo Escobar, que en los años 90 se sumó a las AUC.
Las AUC son señaladas como responsables de al menos 9.000 asesinatos, en su mayoría de civiles, incluyendo dirigentes de izquierda, sindicalistas y campesinos que vivían en zonas de influencia de las guerrillas izquierdistas, contra las cuales los paramilitares habían lanzado una guerra a muerte.
