EscucharBuenos Aires, DPA. Aunque ya pasaron casi tres décadas del fin de las dictaduras, las democracias de América Latina y el Caribe "aún no superaron el legado autoritario en las políticas de seguridad ciudadana" y sus estados realizan "improvisaciones mediáticas", con los jóvenes como mayores perjudicados.
stas son algunas de las conclusiones anunciadas hoy en Buenos Aires durante la presentación del Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
"Las democracias de la región no consiguieron aún superar el legado autoritario en las políticas de seguridad", afirmó Paulo Sergio Pinheiro, miembro de la CIDH y responsable del informe, que se volverá a presentar el 4 de junio en Lima, Perú.
"Normalmente en los estados no hay políticas públicas de seguridad, son improvisaciones mediáticas. Responden con pequeñas reformas a casos que generan impacto", indicó Pinheiro, quien sostuvo que "la situación es catastrófica" y que en América Central "los niños pagan la incompetencia de los gobiernos contra la criminalidad organizada".
"Lo primero que tienen que hacer los estados es respetar las convenciones internacionales", señaló.
El informe indica que en las Américas se verifican algunos de los índices más altos del mundo de crimen y de violencia. Por ejemplo, la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes, que es un indicador universalmente aceptado para medir el nivel de violencia en una determinada sociedad, alcanzó el 25,6/100.000 promedio en América Latina. En comparación con esta cifra, la tasa en Europa se registró en 8,9/100.000.
Mientras que para la población joven de sectores de ingresos medios y bajos, se eleva a 89,7 sobre 100.000 jóvenes. También en este caso la región registra la tasa de violencia más alta del mundo, si bien se trata de una tendencia que se reporta en el plano universal.
"Estas cifras por sí solas reflejan la gravedad de la situación y la necesidad de modificar las políticas que se han llevado (a cabo) hasta el momento", indicó Santiago Canton, secretario ejecutivo de la CIDH.
Frente a esta situación, la CIDH se concentra en dos cuestiones principales.
"Una es un cambio de paradigma en cuanto a cómo se ha planteado el tema de seguridad. Se debe pasar de una visión cuya expresión principal es la supremacía y control del estado para mantenerse en el poder, a una visión en la que el eje principal de cualquier política debe ser el ser humano. Es un cambio sustancial que la región aún no ha llevado a la práctica", afirmó Canton.
"La otra modificación radica en que la seguridad ciudadana es una cuestión de política pública. No implica únicamente el trabajo que se debe hacer en la Justicia y los organismos de seguridad, sino que todas las áreas del Estado tienen que estar involucradas para lograr la seguridad ciudadana", dijo Canton.
Amerigo Incalcaterra, representante regional del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, advirtió que la situación de violencia "es muy grave en América, que es una región paradigmática".
Pese a que representa el 8 por ciento de la población mundial, se registran el 40 por ciento de homicidios anuales y más del 60 por ciento de los secuestros mundiales.
"Se puede y se debe trabajar la seguridad y los derechos humanos en forma conjunta", dijo Incalcaterra, quien advirtió que "el estado está perdiendo espacio ante grupos criminales lamentables como la guerrilla colombiana, las mafias y las pandillas juveniles".
Los expertos coincidieron en que "las políticas deben ser diferentes a las que se aplicaron hasta ahora, que fueron siempre las mismas, basadas en la criminalización de las protestas, penas más duras, más años de cárcel o la pena de muerte".
"Son medidas que apuntan a la defensa del propio estado y no para proteger al ciudadano".
