
Caracas. AP. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, instó ayer a los poderes públicos a emprender mayores esfuerzos para que haya justicia por los cientos de muertes en las protestas de febrero de 1989, conocidas popularmente como “el Caracazo”.
“Pido que se revise todo”, dijo Chávez al exigir a las autoridades judiciales que investiguen a algunos jefes militares y civiles que habrían tenido responsabilidad en las acciones de represión realizadas durante los disturbios.
“El estado bolivariano debe hacer mayores esfuerzos en la búsqueda de la justicia ante aquel atropello, no solo en la reivindicación del hecho como un hecho histórico de justa rebelión de los pobres, sino en la búsqueda de la justicia de los responsables”, expresó el mandatario en el discurso que ofreció en una misa que se realizó en una barriada pobre del oeste de Caracas para conmemorar “el Caracazo”.
Al finalizar la misa, el sacerdote pidió a los presentes ponerse de pie y firmes para rendir honores al presidente Chávez.
El mandatario dio instrucciones al vicepresidente, Ramón Carrizales, para que retome el tema de las indemnizaciones de los familiares y víctimas de los hechos.
El mandatario aprovechó el acto para fustigar a Estados Unidos, y acusó a las autoridades de ese país de proteger al expresidente Carlos Andrés Pérez, quien tiene un proceso pendiente en Venezuela por los sucesos de 1989. El exgobernante reside actualmente en Florida, Estados Unidos.
Liliana Ortega, directora de la organización humanitaria Comité de Familiares de Víctimas del 27 de febrero de 1989 (Cofavic), criticó la situación de los derechos humanos en el país y denunció que a 20 años de los hechos, prevalece la impunidad hacia los responsables.
Ortega dijo a la televisora local Globovisión que aunque el Estado venezolano admitió su responsabilidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las muertes, hasta ahora no ha cumplido con realizar los juicios y casi todos están en fase de investigación.
La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, anunció que el 3 de marzo se iniciará el juicio por el asesinato de Luis Manuel Colmenares, quien presuntamente murió a manos de dos policías metropolitanos durante los sucesos de 1989, informó el Ministerio Público.
Ortega Díaz indicó que las investigaciones de los sucesos del “Caracazo” se han demorado debido a la cantidad de incidencias, que repercuten en la celeridad del proceso, refiere el escrito.
Al menos 300 personas murieron en los desórdenes que estallaron el 27 y 28 de febrero de 1989, al inicio del segundo mandato de Pérez, entre 1989 y 1993.
Activistas aseguran que el número de muertos supera en varios cientos las cifras reconocidas por el gobierno.
Las autoridades aplastaron las protestas callejeras desatadas por una serie de alzas en los precios de la gasolina y las tarifas del transporte público.
Pérez y miembros del alto mando militar de entonces han dicho que restablecieron el orden en medio de una situación caótica y peligrosa. Los activistas dicen que la policía y el Ejército dispararon indiscriminadamente en las barriadas pobres.