El Gobierno venezolano autorizó ayer la incautación de medios privados de transporte para garantizar el suministro de combustible y alimentos, en el decimisétimo día de una huelga contra el presidente Hugo Chávez que ha trastornado al sector petrolero.
Esa medida fue criticada duramente por empresarios y sindicalistas opositores, quienes dijeron que era ilegal y podría ser un primer paso para medidas más drásticas, que crearían riesgos para el derecho a la propiedad privada.
En tanto, el Tribunal Supremo de Justicia, en un revés para Chávez, devolvió a un alcalde opositor el control de una fuerza policial de Caracas, que el gobierno intervino hace un mes al argumentar razones de orden público y para resolver una disputa laboral dentro del cuerpo de seguridad.
La intervención de la Policía Metropolitana fue uno de los detonantes del “paro cívico”, convocado por empresarios, sindicalistas y políticos opositores para exigir la renuncia del Presidente.
La protesta, además de afectar drásticamente la industria petrolera del quinto exportador mundial de crudo, mantiene paralizada en parte la actividad comercial e industrial y restringidas las operaciones bancarias.
Cuestión de supervivencia
Ante ese panorama, el gobierno –con el argumento de que debe garantizar los suministros de bienes– ordenó aplicar “todas las medidas necesarias” para asegurar alimentos, hidrocarburos y derivados a la nación.
“Los medios de transporte de propiedad privada, acuáticos, terrestres y aéreos (...) podrán ser conducidos por el personal civil que designe la autoridad administrativa competente o por efectivos de la Fuerza Armada Nacional”, dijo la resolución, la cual precisó que durará hasta que se normalice la situación y “sin afectar el derecho de propiedad”.
El presidente de la mayor agrupación patronal del país, el opositor Carlos Fernández, rechazó la medida. “¿No será su ticket, señor Chávez, para adueñarse de nuestros bienes?” La comparó con una nacionalización de empresas que hizo Fidel Castro –en Cuba– en la década de los 60.
La administración de Chávez dijo que aguantará los rigores del paro y sus consecuencias, y advirtió que los comercios, mataderos y frigoríficos pueden ser sancionados si incurren en acaparamiento de bienes esenciales y bloquean los suministros.
El ministro del Interior, Diosdado Cabello, dijo en el palacio presidencial: “El gobierno está dispuesto a resistir, tenemos la Constitución como nuestra principal arma y agarrados de ahí vamos a resistir...”.
Fuentes navieras dijeron que tropas tomaron dos remolcadores de una empresa privada en la ciudad central de Puerto Cabello, con la intención de mover un buque petrolero, que ante la inminente acción se desvió a la isla de Curazao, en el Caribe.
En las costas del país permanecen fondeados más de 40 cisternas desde hace dos semanas, en espera de órdenes de carga, por la huelga de algunas de sus tripulaciones, de agentes navieros y portuarios y del personal de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
La huelga de PDVSA ha detenido casi por completo las vitales exportaciones de crudo y derivados. La producción está a un 15 por ciento de los alrededor de 3,0 millones de barriles diarios, de los cuales unos 2,7 millones los exporta, principalmente a EE. UU.