Caracas . El presidente venezolano, Hugo Chávez, admitió ayer un descontento por los sueldos entre la oficialidad media de su país, pero reiteró que a pesar de esa "difícil" situación no habrá golpe de Estado contra su gobierno.
Al ser consultado sobre el malestar entre oficiales medios de la Fuerza Armada Nacional (FAN) venezolana, que se quejan en los cuarteles por los sueldos bajos que reciben, Chávez respondió que "hay una situación difícil allí", durante una entrevista con la televisora privada Televen.
A pesar de que Chávez reconoció que los sueldos de esos oficiales son en realidad bajos, aseveró no creer que por esa causa se rebelen contra su gobierno.
Descartado
"Los militares no somos mercenarios como para levantarse en un golpe de Estado", aseveró el mandatario, quien es teniente coronel retirado del ejército y líder del fallido intento golpista en Venezuela en febrero de 1992.
"Para nada" existe ahora esa intención golpista en el seno de la FAN, aseguró Chávez, aunque advirtió sobre "un plan en marcha tratando de desestabilizar el país" que atribuyó a "una pequeña minoría" que no identificó.
"Estamos investigando", agregó el Presidente, quien también se lamentó por una "campaña salvaje de mentiras" que procura minar su apoyo popular, cifrado en 60% según la encuesta de noviembre de la firma Instituto Venezolano de Análisis de Datos.
Chávez se preguntó si lo que quieren en Venezuela es un dictador al estilo de Augusto Pinochet, quien asaltó el poder en Chile en 1973, derrocando al mandatario socialista Salvador Allende.
Por su parte, el ministro de Defensa venezolano, el periodista José Vicente Rangel, afirmó que en su país "ahora no hay condiciones para un golpe, ni remotamente", en entrevista publicada ayer por el diario El Universal .
Venezuela se encuentra sumida en un ambiente caldeado por una semana de enfrentamientos entre el Gobierno y diferentes sectores del país.
El martes entró en vigencia un paquete de 49 leyes económicas y sociales que buscan, según Chávez, "mejorar la situación del país".
Una de las leyes más polémicas es la de Tierras, que contempla la expropiación cuando el dueño no la "utiliza adecuadamente". De inmediato, los sindicatos y empresarios llamaron a la "desobediencia civil" como forma de rechazo.