EscucharEl gobierno de Nicaragua canceló este lunes la personería jurídica de 25 organizaciones no gubernamentales (ONU), y confiscó los bienes de 12 de ellas, con lo que se llega a unas 3.500 cerradas desde las protestas del 2018 contra el dictador Daniel Ortega.
Una resolución del Ministerio de Gobernación (Interior) ordenó el cierre de 12 ONG porque “han incumplido sus obligaciones” de ley al no reportar sus finanzas, y sus bienes pasarán a manos del Estado, según el diario oficial La Gaceta.
El régimen también canceló la personalidad jurídica y registro de otras 13 organizaciones que solicitaron la “disolución voluntaria”, en algunos casos por haber concluido sus proyectos, y en otros, por dificultades económicas o falta de fondos. Sus bienes no fueron incautados.
En la lista de las 12 ONG cuyos bienes fueron confiscados figuran organizaciones religiosas católicas y protestantes, así como otras de atención a la población, como una asociación de mujeres discapacitadas.
Nicaragua endureció las leyes sobre las ONG tras las protestas del 2018, que en tres meses de bloqueos de calles y choques entre opositores y oficialistas, dejaron más de 300 muertos, según la ONU.
Entre los miles de organismos clausurados, hay varios ligados a la Iglesia católica, como la orden de los Frailes Menores Franciscanos, en octubre, y la Compañía de Jesús, en agosto, tras confiscar la Universidad Jesuita de Managua bajo acusaciones de “terrorismo”, así como una residencia para sacerdotes aledaña al campus.
La relación entre la Iglesia católica y el gobierno se deterioró en medio de las protestas. Estados Unidos, la Unión Europea y otros países denunciaron una violenta represión contra personas y organizaciones opositoras.
El gobierno, que consideró las protestas como un intento de golpe de Estado promovido por Washington, asegura que algunas ONG financiaron las protestas del 2018 con el fin de derrocar a Ortega.
Miles de nicaragüenses han salido al exilio. Un total de 222 opositores presos fueron expulsados del país en febrero pasado y despojados de su nacionalidad nicaragüense y de sus derechos ciudadanos a perpetuidad.
