Régimen de excepción y ‘cierre’ de El Salvador a escrutinio preocupa a CIDH
A diferencia de anteriores audiencias sobre la situación de derechos humanos en el país centroamericano, el Estado salvadoreño decidió no participar esta vez, sin que se conozcan las razones
(FILES) In this file photo taken on April 04, 2022 Salvadoran President Nayib Bukele (L) and Defence Minister Rene Merino Monroy participate in the graduation of new military personnel, at the Captain General Gerardo Barrios Military School, in Antiguo Cuscatlan, El Salvador, on April 4, 2022. - El Salvador's President Nayib Bukele completes three years in power in El Salvador on May 31, 2022 touting his frontal "war" on gangs as his main achievement in reducing violence, an effort that has won him local popularity. (Photo by Marvin RECINOS / AFP) MARVIN RECINOS
EFE
San Salvador. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se mostró preocupada este jueves tras escuchar las denuncias de las organizaciones salvadoreñas e internacionales sobre los atropellos que registran en el marco de un régimen de excepción.
Estas denuncias fueron presentadas por una docena de organizaciones humanitarias en una audiencia pública en el marco del 184 Período de Sesiones de la CIDH y que se vio marcada por la ausencia de la representación del Estado salvadoreño.
El Salvador se encuentra bajo régimen de excepción desde finales de marzo tras una ola de violencia que se cobró la vida de 87 personas en tres días y puso en jaque el plan de seguridad del Gobierno. Los derechos constitucionales suspendidos son el de defensa, organización, reunión e inviolabilidad de las telecomunicaciones. Además, se amplió el término de la detención administrativa hasta por 15 días.
A diferencia de anteriores audiencias sobre la situación de derechos humanos en el país centroamericano, el Estado salvadoreño decidió no participar esta vez, sin que se conozcan las razones. De acuerdo con la presidenta de la CIDH, Julissa Mantilla Falcón, el Estado salvadoreño declinó el pasado 22 de junio su participación en esta audiencia.
El comisionado Joel Hernández, quien indicó que lo sucedido bajo el referido régimen es un “tema de gran preocupación para la Comisión”, lamentó la ausencia del Estado y señaló que, a su juicio, es una “señal” de que el país se está cerrando ante los organismos de vigilancia.
“Es extremadamente preocupante la ausencia del Estado en la audiencia, pero también la veo como muy indicativa de un cierre paulatino de El Salvador al escrutinio internacional, que mucho lamentamos”, afirmó. El comisionado Edgar Stuardo Ralón lamentó la ausencia estatal y destacó que “este espacio es una oportunidad que permite no solo escuchar las informaciones de la sociedad civil, sino que permite visibilizar y escuchar la posición institucional”.
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele , y el ministro de Defensa, René Merino Monroy, participan en la graduación de nuevos militares, en la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios, en Antiguo Cuscatlán, El Salvador.
(MARVIN RECINOS/AFP)
El gobierno de Nayib Bukele, Corte Suprema, Asamblea Legislativa y Ministerio Público no han comunicado públicamente las razones por las que no tuvieron representación en la audiencia. El mandatario salvadoreño ha criticado recientemente a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y a la CIDH, ente autónomo de derechos humanos del organismo regional.
A inicios de junio, Bukele publicó en Twitter que la OEA “ya no tiene ninguna razón de ser” y a finales de marzo afirmó que la CIDH “defiende” a pandilleros, esto después de que la entidad manifestara su preocupación por el estado de emergencia máxima decretado en cárceles de El Salvador ante una la escalada de homicidios.
Preocupación por derechos humanos
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Las organizaciones que solicitaron la audiencia expusieron ante los comisionados las denuncias recibidas de supuestas violaciones a derechos humanos, también de las reformas penales realizadas en el marco del régimen. Además, señalaron que al menos 52 personas han fallecido en custodia estatal tras ser detenidas por las autoridades en los últimos meses.
El comisionado Ralón aseguró que es preocupante “esta situación que se describe”, principalmente con relación a “las detenciones masivas” y las “audiencias colectivas o sumarias que obstaculizan el derecho de defensa”. Son más de 41.000 personas detenidas desde que se aprobó el régimen de excepción y más de 3.000 denuncias de violaciones a derechos las que han recibido las organizaciones, entre ellas por detenciones arbitrarias y tortura en las cárceles.
En estas audiencias son presentados grupos numerosos de personas y, de acuerdo con activistas de derechos humanos, no se garantiza una adecuada defensa. Al comisionado Hernández también le llamó la atención que bajo el régimen de excepción se suspende el plazo máximo de 72 horas de detención administrativa y se extiende a 15 días, además de la reforma penal que deja sin plazo la prisión preventiva y con lo que “pareciera ser indefinida”.
“Observo con preocupación también que El Salvador no es firmante del protocolo internacional contra la tortura”, manifestó Hernández y también extendió esta preocupación al dato que El Salvador es el país “con mayor número de población carcelaria per cápita”.
De estado excepcional a ‘regla’
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El Congreso de El Salvador, de amplia mayoría oficialista, aprobó el régimen de excepción a petición del gobierno de Bukele la madrugada del 27 de marzo y lo ha ampliado en tres ocasiones por plazos de 30 días cada uno. La comisionada Julissa Mantilla Falcón afirmó que cuando este tipo de estados de excepción se convierten en “regla”, los países incumplen sus obligaciones.
“Nos preocupa cuando un estado de excepción tiene prórrogas indefinidas, la excepción se vuelve regla y allí hay ya un incumplimiento de las obligaciones internacionales, independientemente de las situaciones concretas”, dijo. Según el presidente Bukele, se está cerca de ganar la “guerra contra las pandillas” y ha reconocido que el 1 % de las detenciones podrían ser por “error”.
Una investigación de El Faro destacó que la ola de violencia que propició la adopción de este régimen se dio tras la supuesta ruptura de un pacto gubernamental con la pandilla Mara Salvatrucha (MS13). El mandatario no se ha pronunciado. Las organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional (AI), pidieron a la CIDH mantenerse “vigilante de la situación” y “redoblar sus esfuerzos para que El Salvador se mantenga abierto al necesario escrutinio internacional”.
