EscucharSan Salvador. Desde tempranas horas de la noche del jueves 22 de setiembre hasta las primeras horas de la madrugada de este viernes, decenas de personas llegaron a las instalaciones de las bartolinas policiales conocida como El Penalito, en San Salvador, El Salvador, con el objetivo de recibir información de sus familiares detenidos bajo el régimen de excepción o para estar a la espera de su liberación.
La afluencia de personas en el lugar se produjo luego que en los últimos días se diera a conocer un listado de personas que serían liberadas tras ser absueltas en el proceso, descartando su pertenencia a grupos delictivos como suele señalar la Policía Nacional Civil (PNC) al momento de su captura.
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El jueves, por ejemplo, el Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) difundió en su cuenta de Twitter un listado de 23 personas que serían puestas en libertad este día, lo que incrementa la afluencia de familias fuera de las bartolinas.
Hasta el momento, las autoridades no han oficializado la liberación de los reos nombrados en dicha lista. De esta manera, en redes sociales se formaron grupos de familiares donde, mutuamente, se comparten información sobre los procesos a seguir o nuevos requerimientos impuestos para los detenidos.
Régimen de excepción
El régimen de excepción, por el que las 23 familias fueron separadas de sus seres queridos, es una de las armas del mandatario Nayib Bukele en su famosa “guerra contra las pandillas”.
Se trata de la decisión de suspender algunas garantías constitucionales en El Salvador y se tomó el 27 de marzo anterior, tras un incremento repentino de homicidios que dejó a más de 80 personas fallecidas en un fin de semana. Desde entonces, Bukele lanzó una política de “mano dura” en las calles del país.
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Familiares esperan con el objetivo de recibir información de los reos detenidos bajo el régimen de excepción o para estar a la espera de su liberación. (La Prensa Gráfica/GDA)
La Policía de El Salvador ya capturó a 52.000 personas bajo este sistema que permite detenciones sin orden judicial. De ellos, al menos 69 fallecieron en las cárceles de El Salvador.
Además, el mismo Gobierno de Bukele aceptó que arrestaron inocentes, aunque, según dicen, “son la minoría”.
A raíz de esto, diferentes organismos internacionales acusan al país de cometer violaciones constantes de derechos humanos, entre ellas miles de detenciones arbitrarias y torturas a las población carcelaria. Tal es el caso de Amnistía Internacional, que ya manifestó que se necesita una política más integral para combatir las pandillas.
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