EscucharUn total de 71 organizaciones defensoras de derechos humanos en El Salvador enfrentaron limitaciones en áreas como la libertad de expresión, acceso a la información y participación, siendo el Estado el principal responsable de estas restricciones, según un estudio de Cristosal.
La organización, que también aboga por los derechos humanos en la nación centroamericana, reveló que “se identifican patrones que evidencian una afectación sistemática a las organizaciones sociales, colectivos e individuos, significando un retroceso en democracia y derechos humanos en el país”.
Las vulneraciones fueron identificadas en el período que abarca desde 2019 hasta noviembre de 2023, durante el mandato del presidente Nayib Bukele.
Patrones de vulneración
Las organizaciones civiles señalaron tres factores desde los cuales fueron vulnerados: libertad de expresión, participación y asociación.
Cristosal afirma que “el derecho a la libre expresión presenta dos elementos principales: a) restricciones de acceso a la información pública y b) el descrédito, limitación o ataques hacia las ideas o propuestas expresadas por las organizaciones de la sociedad civil”.
En cuanto al acceso a la información, el informe indica que las políticas implementadas por el gobierno desde 2021 limitan el acceso a datos relacionados con fondos, políticas públicas y contraloría.
Sin datos oficiales, las organizaciones han tenido que recurrir al seguimiento de figuras políticas en redes sociales, lo que ha provocado bloqueos de cuentas y ataques a través de estas plataformas.
“Se identifica un claro objetivo por limitar, desestimar y atacar la labor de denuncia, contraloría y el cuestionamiento de las decisiones gubernamentales que influyen directamente en la población”, explica el informe.
Detenciones arbitrarias
Otro problema detectado por Cristosal en las 71 organizaciones de derechos humanos se refiere a la participación.
El informe señala que asistir a “manifestaciones, protestas, huelgas y plantones” puede llevar a detenciones, cárcel, acoso policial, retención de documentos y amenazas. La identificación de personas vinculadas a ONG también provoca señalamientos públicos por parte de militares y ciudadanos que “han interiorizado el discurso de odio del oficialismo”.
“Creo que ya nos está pasando factura el discurso de odio del presidente hacia las organizaciones defensoras de derechos humanos y sí, considero que, si bien no nos está limitando como organización, sí hay otras organizaciones o personas que tienen miedo y es el hecho de que no nos podemos hacer ciegos, de que este trabajo que hace de la criminalización a los defensores es grande”, dijo uno de los entrevistados en el informe.
Además, la intervención de teléfonos de personas involucradas en estas organizaciones continúa siendo uno de los factores denunciados; situación anteriormente denunciada por el medio de comunicación El Faro.
Mujeres y jóvenes
El informe destaca que las dos poblaciones más vulnerables en El Salvador son las mujeres y los jóvenes.
Las mujeres reciben amenazas a la vida, estigmatización, acoso sexual y ataques a la reputación.
En el marco del régimen de excepción, los jóvenes tienen miedo de sufrir detenciones arbitrarias, siendo la población más afectada hombres de entre 18 y 30 años, según datos anteriores de Cristosal.
El informe cierra sus conclusiones destacando que es el Estado el principal perpetrador de las violaciones a los derechos humanos.
“En todos los sectores, el factor común es que el principal vulnerador de los derechos de libre expresión, participación y asociación es el Estado, quien debería ser el garante y potenciador del trabajo sinérgico de las organizaciones como gestores de proyectos que benefician a la población en general”.
