EscucharEl Gobierno salvadoreño usó fondos del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (Fopromid) para contratar transporte y personal que distribuye paquetes del Programa Presidencial de Apoyo Alimenticio (PPAA), en medio de la campaña electoral para las elecciones 2024.
El Ministerio de Gobernación publicó el 8 y 9 de enero dos avisos de subasta en la Bolsa de Productos y Servicios (Bolpros) para contratar el servicio de transporte para distribuir los paquetes y el personal de logística para “la atención de personas en riesgo alimentario”, mientras siguen las denuncias por el uso de recursos públicos para la campaña de reelección del candidato y presidente Nayib Bukele.
Según la oferta de compra número 4, Gobernación pretendía pagar $7,979,550 por el servicio de transporte de camiones de 4 y 8 toneladas, pick ups 4x4 y buses hasta por 30 días, con una cobertura de 24 horas, para trasladar los paquetes de alimentos y personal.
La Prensa Gráfica constató que camiones con las características requeridas en la negociación se encuentran en el cuartel San Carlos, de la Fuerza Armada de El Salvador, donde trabajadores identificados con camisetas del PPAA mueven cajas identificadas con el logo de la Presidencia.
Desde ahí, fueron repartidos los paquetes alimenticios hacia distintos puntos del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) como la avenida Los Pinos, de Ciudad Credisa, en Soyapango; y la comunidad Santa Marta, en San Jacinto, San Salvador.
Se trata de al menos 800 trabajadores contratados para esta operación, según la oferta número 5 publicada por Gobernación. Estos fueron denominados como “registradores” y están a cargo de “realizar el levantamiento de la información de la entrega de paquetes casa por casa, a través de formulario en línea”, por un monto asignado de $1,056,000.
Según constató La Prensa Gráfica, los registradores se dedican no solo a distribuir las canastas, sino a tomar fotografías del Documento Único de Identidad (DUI) de uno de los miembros de la familia que reciba el paquete. La oferta establece que se debe cumplir con un registro diario mínimo de 100 personas por trabajador.
Los trabajadores deben estar disponibles por 30 días, y se les asignará un salario base por jornada de $44. Los recursos para pagar ambos contratos provienen del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (Fopromid).
Aunque la asignación legal de Fopromid es de solo $4 millones anuales, el gobierno salvadoreño elevó su asignación hasta en $600 millones en 2020, y gastó un total de $176 millones en 2023, según revelan datos del Portal de Transparencia Fiscal del Ministerio de Hacienda.
Esta cartera es utilizada de forma discrecional, pues, según señalan expertos en transparencia, todas las compras realizadas a través del Fopromid no pasan por los controles habituales de la Ley de Compras Públicas.
El Programa de Respuesta Humanitaria de las Naciones Unidas ubica a más de 869,000 salvadoreños en inseguridad alimentaria; y solo en los últimos cuatro años al menos 213 personas murieron por desnutrición severa y moderada en El Salvador, según el registro oficial del Ministerio de Salud. Así lo reveló una investigación de La Prensa Gráfica publicada en septiembre de 2023.
A pesar de esta emergencia, el Gobierno esperó casi tres años para crear el PPAA, un proyecto muy similar al Programa de Emergencia Sanitaria (PES), ejecutado en la campaña electoral de 2021.
La Prensa Gráfica consultó al secretario de Prensa de la Presidencia, Ernesto Sanabria, sobre cuáles fueron los criterios para repartir los paquetes de alimentos, y por qué se esperó hasta la campaña para la entrega; sin embargo, al cierre de esta nota, no dio una respuesta.
Para el director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, esto es un “evidente acto de clientelismo político por medio de la entrega de alimentos a cambio de apoyo electoral; están jugando con el hambre de la gente”.
Escobar consideró que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) “debería iniciar una investigación sobre esto, determinar responsabilidades y destituir a los funcionarios involucrados”.
El TSE sigue sin pronunciarse sobre esta denuncia de campaña ilegal. El magistrado Guillermo Wellman aseguró que “hasta ahorita todos los partidos políticos, con excepción de los que quizás no tienen financiamiento, están haciendo lo mismo que han hecho todos los años”.
El magistrado Julio Olivo, en tanto, consideró que “el TSE debería actuar, pero a veces no es un tema de razón, si no de votación” al interior del organismo colegiado.
