San Salvador. Con las audiencias realizadas el sábado anterior, casi 4.000 personas capturadas durante el régimen de excepción continuarán en prisión provisional decretada por un juez, según informó el fiscal general Rodolfo Delgado.
Todos los imputados son investigados por el delito de agrupaciones ilícitas. Su proceso continúa pese a los cuestionamientos a las formas en que se realizaron los operativos y los procesos judiciales.
Solo ayer, en el Centro Judicial Isidro Menéndez se llevaron a cabo dos audiencias, una de ellas con 150 personas. Cada una duró menos de tres horas y en ambas se resolvió otorgar prisión provisional a todos los imputados, sin excepción alguna.
De acuerdo con el Código Procesal Penal, en el artículo 6, la detención provisional se mandará cuando “existieren razones fundadas de que el imputado puede obstaculizar la investigación o evadir su comparecencia en el Juicio, o se tratare de un caso de reincidencia o habitualidad”.
Según la directora anticorrupción de CRISTOSAL, Ruth Eleonora López, la acumulación de casos durante el régimen de excepción pone en riesgo el cumplimiento del debido proceso. “Tener una tramitación excesiva de casos les impide valorar adecuadamente cada uno”, asegura.
López señala que los casos de personas detenidas de forma arbitraria corren doble riesgo porque el sistema estaría fallando en demostrar indicios del cometimiento de delitos previo a una captura.
“Es como una maquila de procesos y aquí se está jugando la libertad de la gente. Aquí el problema es que las personas que han sido detenidas de manera arbitraria corren el riesgo porque la fiscalía no puede preparar los casos, las defensas no logran actuar, el juez tiene que ver una cantidad exorbitante de procesos y no hay garantías de que cada caso pueda ser individualizado como lo exige la responsabilidad penal”, expresó.
Uno de los abogados defensores, que participó en las audiencias de este sábado, cuestionó la forma en que están ocurriendo estos procesos y los calificó como violatorios de los derechos de los privados de libertad. La audiencia, dice, obtuvo resolución del juez sin que todos los abogados defensores lograran tener participación.
“La emitió sin haber terminado la intervención de los defensores. Eso vuelve violatorio del derecho a defensa de los imputados”. El abogado explica que la suspensión del derecho a defensa en el régimen de excepción no implica que los imputados no tendrán defensa en el proceso penal.
“Lo que el decreto dice sobre el derecho a defensa es que solo se les dice que son detenidos por el régimen de excepción, sin orden de captura”. Aparte de esto, López señala que la “falta de independencia judicial” podría impedir que los imputados tengan un proceso justo.
“Aquí el problema no es una detención ordinaria por la presunción de la existencia de un delito. Aquí el problema es qué garantías tiene una persona de que se va tener un proceso justo con garantías y que el juez no lo va remitir con todos los demás, simplemente con órdenes del presidente”, cuestionó.
Buscando justicia
Roxana viví a con su esposo en Quezaltepeque hasta el día en que la Policía Nacional Civil (PNC) lo detuvo acusado de agrupaciones ilícitas el 1 de abril. Esto ocurrió como parte de unos de los operativos del régimen de excepción. Ella ha ido y venido de su casa a diferentes instituciones, primero para saber el paradero de su esposo, y luego para tener información de su proceso penal.
Al principio, como la mayor parte de familiares de detenidos, casi siempre mujeres, llegó a buscarlo a “El Penalito”. Luego, por consejo de otras mujeres, fue a la Procuraduría General de la República (PGR) para preguntar por su proceso judicial. Ahí le dieron la fecha de la audiencia. Y aunque sabe que su esposo no está ahí porque la audiencia es virtual, madrugó para estar afuera del Centro Judicial Isidro Menéndez mientras obtiene una resolución. Quiere saber cuál será el destino de su esposo. Esto, pese a que toda audiencia del régimen de excepción finaliza en lo mismo: prisión provisional.
El fiscal Delgado informó que, además de los casi 4,000 imputados que tienen prisión provisional, solo ayer fue solicitada la misma medida para casi 400 personas más.
Solo ayer, 954 personas fueron enviadas a detención provisional. 300 de la zona central; 278 y 22 menores de la zona occidental;177 adultos y 10 menores de la zona oriental; 5 adultos y 14 menores de la paracentral y 158 del área metropolitana de San Salvador.El reporte anterior fue del 11 de abril donde otras 763 personas recibieron la misma medida.
Además, aunado a lo anterior, todas las audiencias se celebran de manera virtual y, aunque los defensores se presentan, no todos tienen participación para hablar en defensa de sus representados.
Asimismo, durante el período vacacional, la PGR ha brindado información únicamente a través de plataformas virtuales y un número de teléfono.