Escuchar
El Gabinete de Seguridad del Gobierno salvadoreño solicitó este martes a la Asamblea Legislativa prorrogar una vez más el régimen de excepción, aprobado desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas, y que será prolongado por decimocuarta ocasión.
El régimen, que originalmente tendría una vigencia de 30 días mientras el Gobierno controlaba una ola de homicidios, se ha vuelto una medida permanente y cumple hoy 416 días, en los que han estado suspendidos al menos tres derechos constitucionales de los salvadoreños.
La iniciativa fue entregada por el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, quien recalcó que se aprobará esta prórroga cada vez que el Gobierno la solicite.
“Este es el Gabinete de Seguridad del presidente Nayib Bukele, es una estrategia innovadora, contundente y para bien de todas las mayorías, esa es la democracia que quiere tener el presidente Nayib Bukele, donde los gobiernos, los órganos de Estado escuchan las demandas de la población y las solucionan”, aseguró Villatoro, al entregar la solicitud.
A diferencia de otras ocasiones, esta vez, el Gabinete de Seguridad no brindó cifras de personas capturadas y procesadas por el sistema judicial en el marco del régimen de excepción. En su lugar, los funcionarios destacaron la reducción de homicidios y atacaron a los críticos de la medida.
Durante su discurso, el ministro de Seguridad arremetió en contra de los organismos internacionales, a quienes acusó de estar “enamorados de los derechos humanos y de los criminales”, de “auspiciar” a los pandilleros y de conspirar contra el gobierno de Nayib Bukele. “Derrocar al poder del pueblo a estos organismos internacionales ya no les será fácil”, dijo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y numerosos organismos han señalado violaciones a derechos humanos durante la implementación del régimen de excepción, incluyendo amenazas, torturas y hasta ejecuciones al interior de las cárceles; así como capturas arbitrarias.
Del total de 68.720 detenidos casi 5.000 han sido puestos en libertad, según confirmó el mismo titular de Seguridad en una entrevista esta mañana. Esto significa que al menos un 7 % de los detenidos no tienen vínculos con pandillas.
Un régimen permanente
Además de sus ataques a organismos defensores de derechos humanos, Villatoro también lanzó una advertencia para opositores: afirmó que han asumido un compromiso para “no regresar a una dictadura bipartidista”, en referencia a los gobiernos de ARENA (1999-2011) y FMLN (2012-2019).
“A esta dictadura bipartidista ya no vamos a regresar, y como Órgano Ejecutivo de la mano con el Órgano Legislativo y el Órgano Judicial, sepan que nos vamos a encargar que estos miembros ya no sean un problema ni para nuestros hijos, ni para los hijos de nuestros hijos ni para los hijos de nuestros hijos de nuestros hijos”, afirmó.
A estas afirmaciones se suman las posturas de miembros de la oposición, que señalan un uso político y electoral del régimen de excepción para intimidar a contendientes del Gobierno. El ministro de Defensa Nacional, Francis Merino Monroy, afirmó por su parte, que “el régimen de excepción es aplicado única y exclusivamente a los delincuentes”.
