EscucharLondres . Puede que el exdictador chileno Augusto Pinochet nunca sea enjuiciado por sus presuntas violaciones a los derechos humanos, aunque podría pasarse el resto de su vida rodeado de abogados tratando de evitar ese destino.
Pero si ese es el caso, al activista británico por los derechos humanos Geoffrey Robertson le da igual. Sea cual fuera el resultado de la audiencia de extradición de Pinochet, a celebrarse mañana, lunes, en Londres su caso es ya el más importante para el derecho internacional desde los juicios de posguerra de Nuremberg, opinó Robertson, autor de un nuevo libro sobre derechos humanos.
Según Robertson, el hecho de que el arresto de Pinochet fuera confirmado por la justicia británica ya sienta el precedente de que los exjefes de estado no gozan de inmunidad de proceso por atrocidades cometidas sistemáticamente.
"Lo que suceda ahora es menos importante, porque ya se estableció la cabeza de puente: el concepto de los crímenes contra la humanidad como la flecha que atraviesa el talón de Aquiles de la soberanía de los estados", señaló Robertson, quien es un "Consejero de la Reina", la jerarquía más alta entre los abogados británicos.
"Si Pinochet fuera liberado mañana, estaría sentado el precedente. Me sentiría muy contento de que pasara el resto de su vida rodeado de abogados, porque esa es una forma de tortura, aunque no del mismo grado de severidad que las que él le infligió a otros"
Acusaciones de tortura.
Pinochet, de 83 años, fue arrestado en octubre en Londres a solicitud de España, que quiere juzgarlo por cargos de tortura durante su gobierno (1973-90).
Más de 3.000 personas murieron o desaparecieron durante su régimen de mano dura; muchas otras fueron torturadas.
Pinochet afirmó en una entrevista en Londres, después de su arresto, que no "tenía tiempo para controlar lo que otros estaban haciendo".
Tras numerosos desafíos legales, su arresto fue confirmado en marzo por el tribunal británico de mayor instancia, el panel judicial de la Cámara de los Lores, aunque los Law Lords, como se les conoce, redujeron los cargos en su contra a los delitos perpetrados después de 1988, fecha para la que Gran Bretaña, España y Chile habían firmado una convención contra la tortura.
La audiencia de extradición de Pinochet está prevista para comenzar el lunes y durar unos cinco días. Pero no importa cuál sea la decisión del magistrado Ronald Bartle, ambas partes tienen derecho a apelar el veredicto, lo que significa que probablemente el maratón judicial durará años.
El caso Pinochet es trascendental porque amplió los límites del derecho internacional para cubrir las violaciones a los derechos humanos cometidas en época de paz, dijo Robertson.
Desde la Segunda Guerra Mundial, el derecho internacional fue usado principalmente para perseguir a los ex criminales de guerra nazis.
"¿Es la ley internacional de derechos humanos sólo para los judíos? Porque eso es lo que ha sido", opinó Robertson, cuyo libro "Crímenes contra la humanidad" rastrea el desarrollo de los delitos que fueron definidos por primera vez en los juicios de nazis de alto rango en Nuremberg.
"Fuera de los estrechos y cada vez más anacrónicos confines de los nazis, el caso Pinochet representa el primer golpe que asesta el derecho contra la impunidad, la realpolitik y la diplomacia y todas las formas normalmente usadas para sacar a los dictadores del sangriento escenario", dijo.
"Esto les ha puesto los pelos de punta a los exdictadores de todo el mundo".
Entre los exhombres fuertes cuyos planes de viaje podrían haberse reducido por temor a ser arrestados se hallan Idi Amin, de Uganda, quien vive en Arabia Saudita, y Mengistu Haile Mariam, de Etiopía, quien reside en Zimbabwe, añadió.
A medida que se acerca la audiencia, el ánimo de los partidarios de Pinochet es cada vez más sombrío.
Los seguidores del exjefe militar temen un veredicto en su contra porque bajo la Convención Europea sobre Extradición, España no tiene la obligación de presentar pruebas que respalden sus cargos.
"A España se le hará muy difícil probar que (Pinochet) instigó y llevó a cabo una política sistemática de tortura después de octubre de 1988, cuando todo el mundo sabe que no hubo tal política", dijo Patrick Robertson, portavoz de Pinochet. Sin embargo, "en la audiencia de extradición, no necesita probar que hizo nada", agregó.
