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WASHINGTON (AFP) - Los adversarios demócratas del presidente George W. Bush lo intimaron este martes a que explique de qué manera respeta su gobierno la independencia de la justicia en Estados Unidos, tras la separación del cargo de varios fiscales encargados de casos políticamente sensibles.
"El presidente debe aclarar su papel en todo este episodio", declaró el influyente senador Charles Schumer, número tres de la mayoría demócrata en la cámara alta, en referencia entre otras cosas a un artículo aparecido el martes en The New York Times.
Según el diario, la idea de destituir a varios fiscales federales emanó de la Casa Blanca en 2005, y habría sido estimulada por el propio presidente Bush.
"En octubre último, el presidente Bush habló con el ministro de Justicia (fiscal general), Alberto Gonzales, para responder a las preocupaciones de algunos (líderes) republicanos que estimaban que algunos fiscales no eran demasiado activos" en investigaciones políticas, asegura el diario.
La Casa Blanca rechazó la noche del martes que el Bush haya intervenido directamente en la remoción de fiscales federales y aseguró que el presidente tiene plena confianza en su secretario de justicia, según un asesor presidencial.
Bush ha recibido numerosas quejas de miembros de su partido republicano por la lentitud en las investigaciones realizadas por algunos fiscales federales en el caso del presunto fraude electoral, indicó un asesor del presidente, Dan Bartlett.
Bush tocó el tema con el secretario de defensa en una conversación de rutina en octubre de 2006, pero no nombró a ningún fiscal en particular y "no se dieron instrucciones para remover a nadie", dijo Bartlett a la prensa en Mérida (México), donde Bush termina una gira de seis días por América Latina.
El caso ya provocó la dimisión del jefe de gabinete del fiscal general y empujó a Schumer a reclamar la dimisión del propio Gonzalez, uno de los más fieles ministros del presidente.
Gonzales reconoció el martes en rueda de prensa su responsabilidad por los "errores" cometidos en el seno del Departamento de Justicia, pero descartó su renuncia.
"Soy consciente de los errores cometidos", pero "continúo haciendo mi trabajo", dijo el fiscal general.
A pesar de saludar la "independencia" de los fiscales federales, recordó que sus cargos dependen del "visto bueno del presidente", quien tiene el poder constitucional de nombrarlos y reemplazarlos.
"Ahora tenemos la prueba directa de que Gonzales llevaba a la práctica la voluntad política del presidente (Bush), al menos en lo que concierne a algunos de esos (fiscales destituidos)", aseguró por su parte Schumer.
"O bien el ministro olvidó que había prometido bajo juramente defender la Constitución o bien simplemente no comprende que su deber de proteger el derecho es superior a su deber de proteger al presidente", declaró.
El caso, que viene incubándose desde hace varias semanas, se vincula al despido de ocho fiscales el año pasado en plena campaña para las elecciones legislativas.
Algunos de esos fiscales estaban involucrados en investigaciones políticamente sensibles, y cuatro de ellos fueron la semana pasada al Senado a dar testimonio sobre las presiones que sufrieron.
El reemplazo de varios fiscales no parece ilegal en sí mismo, pero es contrario a la tradición cuando no hay un cambio de gobierno.
También la presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, prometió una investigación "fuerte" de este caso, así como examinar un proyecto de ley para clarificar la duración de los mandatos de los fiscales.
Este nuevo escándalo explota cuando Bush se encuentra en una gira latinoamericana, que finaliza el miércoles en México, que le permitió alejarse por varios días del enrarecido clima político, caldeado también por denuncias de negligencias sufridas por militares heridos en Irak.
© 2007 AFP
