EscucharLa grave crisis económica del Ecuador se acentuó ayer con el cierre de intempestivo del Banco del Progreso, uno de los mayores bancos del país andino, avivando el clima de malestar social.
"Situaciones políticas, financieras y económicas nos han llevado a una encrucijada que nos obliga a cerrar las puertas de la institución", informó el presidente de esa entidad, Fernando Aspiazu, en un mensaje televisado al país.
Aspiazu explicó que una corrida (retiro masivo) de capitales por $136,4 millones en los últimos meses y el incumplimiento de una inversión del Estado por $63,6 millones provocaron que el Banco del Progreso quedara en una situación imposible de sostener.
"Como presidente ejecutivo del Banco del Progreso, asumo plenamente mis responsabilidades y entrego todos mis activos para asegurar que los depósitos y captaciones de la institución estén garantizadas en su totalidad", agregó.
Aspiazu, quien es además un importante accionista de la principal empresa eléctrica del país, se quejó por un trato supuestamente discriminatorio del Gobierno hacia el quinto banco del país, con cerca de 700.000 depositantes.
"Lamentablemente... se han puesto una serie de trabas burocráticas (para la asistencia económica estatal), lo que con otros bancos ha sido una gestión expedita y automática", protestó.
Desde diciembre de 1998, 8 de los 39 bancos que operan en el Ecuador han sido intervenidos por las autoridades bancarias debido a problemas de liquidez, que se extremaron hace dos semanas con una corrida bancaria y cambiaria.
El sorpresivo cierre del Banco del Progreso, enclavado en la capital económica del Ecuador, ocurre tras dos turbulentas semanas en las que el país soportó violentas protestas sociales y huelgas en repudio de la política del presidente Jamil Mahuad.
Analistas consideran que el número de bancos del Ecuador es excesivo, teniendo en cuenta que la población total es de doce millones de habitantes.
En tanto, miles de clientes del Banco protestaron en las calles de Guayaquil denunciando un "trato regionalista" del Gobierno hacia los bancos de Guayaquil a diferencia del tratamiento a los bancos de Quito.
Mientras el malestar social se avivó, especialmente en Guayaquil, las autoridades económicas guardaron hermetismo al respecto y solo se informó que mantenían reuniones para evaluar la compleja situación bancaria.
El alcalde de Guayaquil, León Febres Cordero, exigió al presidente Mahuad fijar una postura en torno al Banco del Progreso para evitar la pérdida de los dineros depositados.
