La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) emitió un comunicado este lunes 9 de junio, en el que denunció un posible plan de captura por parte del gobierno salvadoreño contra periodistas del medio digital salvadoreño El Faro.
De acuerdo con el pronunciamiento, los comunicadores cancelaron sus vuelos de regreso de Costa Rica a El Salvador tras recibir alertas de que algunos de ellos serían capturados a su llegada al país.
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Aunque no se detalló el origen de los vuelos, algunos periodistas de El Faro participaron en el Foro Centroamericano de Periodismo en Costa Rica, realizado los días jueves 5 y viernes 6 de junio.
“Este fin de semana, periodistas de El Faro se vieron obligados a perder sus vuelos de entrada a El Salvador, al ser alertados por fuentes propias y diplomáticas de que la policía había hecho un despliegue para capturar a algunos de ellos a su llegada al aeropuerto", se lee en el pronunciamiento de APES.
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Óscar Martínez, jefe de información de El Faro, afirmó en su cuenta de la red social X que se enteraron que los capturarían a su llegada al aeropuerto Monseñor Romero, en San Salvador, por haber denunciado los pactos de Bukele con las pandillas.
“Estábamos a punto de volver este fin de semana, pero supimos que estaban listos para capturarnos en el aeropuerto Monseñor Romero y sabemos por qué: por haber hecho periodismo, por haber denunciado los pactos de Bukele y las pandillas.
La organización salvadoreña exigió una aclaración al gobierno del presidente Nayib Bukele y solicitó garantías para que todos los periodistas puedan regresar y circular libremente por el país.
“Aunque periodistas de ese medio (El Faro) habían recibido amenazas durante diferentes gobiernos en el país, esta es la primera vez que se han visto impedidos de ingresar al país ante el riesgo inminente de capturas”, afirmó APES.
A inicios de mayo, El Faro divulgó que la Fiscalía salvadoreña ya había preparado al menos siete órdenes de captura contra sus periodistas. A ello se sumaron amenazas en redes sociales por parte de funcionarios del gobierno.
Carlos Dada, director de El Faro, y Óscar Martínez, denunciaron desde mayo pasado que el gobierno de Bukele preparaba órdenes de captura contra algunos de sus periodistas por sus publicaciones.
Los comunicadores atribuyen los hechos a represalias por una serie de reportajes en los que dos cabecillas de la pandilla Barrio 18 revelaron un supuesto pacto que habría facilitado la llegada al poder del mandatario.
Tras conocer esta información, algunos de los comunicadores solicitaron a la Fiscalía detalles sobre posibles denuncias en contra de miembros de El Faro; sin embargo, no recibieron respuesta en el plazo estipulado, lo que, según la APES, “incrementa las sospechas de una persecución injustificada”.
La organización enfatizó que ya existen registros de una salida masiva de periodistas de distintos medios salvadoreños, quienes temen por su integridad debido a los arrestos de reconocidos defensores de derechos humanos.
La APES también denunció que policías salvadoreños ya han perfilado y fotografiado a algunos comunicadores salvadoreños, y que autoridades interrogaron a familiares de un periodista de El Faro.
‘La represión no puede normalizarse’
En un comunicado aparte, la Red Centroamericana de Periodistas reprochó los ataques del presidente Bukele contra la prensa salvadoreña, particularmente contra la APES, y señaló una estrategia de criminalización y desacreditación hacia quienes ejercen la labor informativa.
“Reafirmamos que el periodismo no es delito y que su ejercicio libre es indispensable para cualquier sociedad democrática. La represión no puede normalizarse”, manifestó la Red Centroamericana de Periodistas.
La organización también expresó su preocupación por el aumento de la vigilancia policial en las residencias de periodistas críticos del gobierno de Bukele, lo que obligó a más de 30 comunicadores a movilizarse ante el riesgo de detención arbitraria.
“Estos ataques no son nuevos, pero sí forman parte de una estrategia sistemática de represión que se profundiza con nuevas medidas autoritarias”, señaló la Red, añadiendo que estas acciones son “un claro intento de silenciar las voces disidentes”.
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Recientemente, las autoridades salvadoreñas detuvieron al abogado constitucionalista Enrique Anaya, férreo crítico del presidente Bukele, bajo la acusación de supuesto lavado de dinero.
También fue detenida la abogada Ruth López, activista de la organización de derechos humanos Cristosal. Además, entró en vigor la ley de “agentes extranjeros”, que impone un impuesto del 30 % a las donaciones recibidas por organizaciones clasificadas como tales.
Organismos de derechos humanos internacionales, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, también denuncian una “escalada de persecución” contra los activistas y críticos del gobierno.
Bukele, por su parte, asegura que las organizaciones defienden a criminales al rechazar las críticas al régimen de excepción, vigente desde hace tres años y considerado clave en su combate contra las pandillas. Además, critica a estos organismos por oponerse a los arrestos sin orden judicial.