El abogado constitucionalista salvadoreño Enrique Anaya, férreo crítico del presidente Nayib Bukele, fue detenido este sábado bajo acusación de lavado de dinero, informó la fiscalía, en lo que organizaciones de derechos humanos consideran una ofensiva para acallar a quienes cuestionan al gobierno.
Anaya, detenido en su casa en la ciudad de Santa Tecla (oeste de San Salvador), ha criticado la concentración del poder de Bukele, su reelección y la reciente detención de la también abogada Ruth López, activista de la oenegé de derechos humanos Cristosal.
La Fiscalía General difundió en su cuenta en X imágenes de Anaya esposado y precisó que" será remitido a los tribunales correspondientes en los próximos días" por el delito de “lavado de dineros y activos”.
En videos de la detención que circulan en redes sociales, se ve a Anaya mientras sube a una patrulla custodiado por media docena de agentes, y se le oye decir que éstos lo “encañonaron”.
Anaya es columnista en medios de comunicación y acudía a programas de televisión en los que criticaba abiertamente decisiones del gobierno, particularmente la política de seguridad y la reelección, que ganó en 2024 Bukele con el 85% de votos gracias a su guerra contra las pandillas.
El presidente salvadoreño acusa a sus críticos de activismo político de izquierda y advirtió hace una semana que los “corruptos de la oposición” no son intocables.
“Contexto de represalias”
“Enrique Anaya ha sido una figura clave en la defensa de la institucionalidad democrática y el orden constitucional. Su detención no puede desvincularse de este contexto de represalias contra quienes ejercen su derecho a opinar, criticar y defender la legalidad desde la Constitución”, señaló Cristosal, en un comunicado.
El abogado señaló recientemente supuestas ilegalidades en la detención el 18 de mayo de López, a quien la fiscalía acusa de enriquecimiento ilícito. En una audiencia el pasado miércoles, donde se le dictó detención provisional; la activista dijo ser una “presa política”.
López, jefa de la unidad anticorrupción de Cristosal, indagaba supuestos casos de corrupción del gobierno, asistía a víctimas de la política de seguridad de Bukele y a familias de 252 venezolanos deportados por Washington y presos en El Salvador.
“La libertad de expresión es clave para construir una sociedad más justa y participativa (...) denunciamos la persecución y el hostigamiento a las voces críticas”, reaccionó en X el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (UCA) de El Salvador.
Organismos de derechos humanos internacionales, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, también denuncian una “escalada de persecución” contra los activistas y críticos del gobierno.
Bukele asegura que las oenegés defienden a criminales, al rechazar críticas al régimen de excepción, clave en su combate antipandillas vigente desde hace tres años, y critican esas organizaciones porque permite arrestos sin orden judicial.