EscucharCaracas . El expresidente venezolano Carlos Andrés Pérez fue recluido en su casa ayer, al acatar una orden de arresto de un tribunal que lo acusa de enriquecimiento ilícito.
El Tribunal de Salvaguarda del Patrimonio Público ordenó ayer la detención de Pérez y de su compañera Cecilia Matos, acusados de mantener cuentas personales conjuntas en el extranjero, alimentadas con fondos públicos.
"Ya estoy entregado a la PTJ (Policía Técnica Judicial). Voy a mi casa y allí quedo recluido", dijo Pérez durante una atropellada rueda de prensa horas después de que se anunció la orden de arresto.
"No hay más nada que hablar. Estoy íntegro, dispuesto a enfrentar esto con la misma decisión con que lo hice la primera vez", agregó.
Pérez aseguró que es el centro de un ensañamiento político y dijo que el arresto es parte de una componenda impulsada por el presidente Rafael Caldera y por el líder de Acción Democrática, Luis Alfaro Ucero.
"El motivo es el odio. ¿Qué más motivo que este?", expresó Pérez, quien se mostró desafiante y seguro.
La legislación venezolana establece que las personas mayores de 70 años deben cumplir las órdenes de arresto en sus respectivas casas.
Pérez, de 74 años, aseguró que la maniobra persigue frenar sus aspiraciones de ser elegido senador por el fronterizo estado Táchira, su lugar natal.
"(El tribunal)... decreta la detención judicial del ciudadano Carlos Andrés Pérez, expresidente de la República de Venezuela", dijo el presidente del tribunal, Pedro Osmán Maldonado, al leer el veredicto sobre un largo caso de "cuentas mancomunadas" que la pareja mantenía en Europa y Estados Unidos.
Pérez insistió en que en esas cuentas solo ha tenido $34.000, aunque sus detractores aseguran que en una sola de ellas mantiene más de $12 millones.
Pérez gobernó Venezuela por segunda vez entre 1989 y mayo de 1993, cuando fue sacado del poder por el Congreso para que fuera enjuiciado por otro caso de malversación de fondos públicos.
Eventualmente fue recluido en su casa por un total de 28 meses, convirtiéndose en el primer expresidente de América Latina en ser enjuiciado y condenado por corrupción.
La magistrada Edith Cabello de Requena, quien llevó el caso, dijo a periodistas que el delito de enriquecimiento ilícito es uno de los más graves contemplados en la ley y tiene una sanción de 3 a 10 años de prisión.
La acusación podría agravarse con otros cargos: tráfico de influencias, peculado o corrupción, dijo.
