EscucharEl Ejército de Argentina despedirá a unos 500 agentes civiles de sus servicios de inteligencia y disolverá el batallón 601, que fue el "cerebro" de la represión ilegal durante la última dictadura militar (1976-1983), informó ayer la prensa local.
Esta purga se suma a la destitución, la semana pasada, de otros 1.000 empleados de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), incluida en el programa de recortes del gasto público ordenados por el presidente argentino, Fernando De la Rúa.
El diario Clarín , de Buenos Aires, informó de que el jefe del Ejército, general Ricardo Brinzoni, emprendió una "drástica reestructuración de sus servicios de espionaje", que comenzará con el despido en las próximas semanas de "unos 500 espías civiles".
El rotativo, que cita fuentes gubernamentales, también anuncia que el general Brinzoni acordó, además, disolver el Batallón de Inteligencia 601 y poner a la venta su sede, un edificio de nueve plantas en Buenos Aires.
Esa unidad de inteligencia participó de forma activa en el seguimiento, persecución y ejecución de opositores políticos durante la última dictadura militar y sus exresponsables se enfrentan a acusaciones de violaciones de los derechos humanos.
El Batallón 601 fue dirigido durante parte del régimen dictatorial por Carlos Guillermo Suárez Mason, uno de los 48 militares sobre los que pesa una orden de detención internacional dictada por el juez español Baltasar Garzón.
El despido de los 500 espías civiles, denominados en la jerga militar como PCI (personal civil de inteligencia), se convierte en la purga más importante realizada en los servicios secretos de las fuerzas armadas argentinas desde la restauración de la democracia, en diciembre de 1983.
Según el diario Clarín , muchos de esos civiles trabajan en sindicatos, universidades y dependencias estatales, donde perciben sus correspondientes salarios, pero también cobran una remuneración mensual del Ejército a cambio de información.
Las fuentes consultadas por el rotativo indican que tanto el jefe del Ejército como el responsable de la SIDE, Fernando de Santibañes, han adoptado una serie de precauciones ante la posibilidad de "sufrir alguna jugada sucia" en "respuesta" a la purga en los servicios de inteligencia.
Durante el gobierno de Carlos Ménem (1989-1999) arreciaron las denuncias sobre la contratación en la SIDE y los servicios secretos del Ejército de personas involucradas en la represión ilegal de la dictadura militar.
Varios militares que trabajaban en la SIDE y los servicios de inteligencia del Ejército están acusados del robo de hijos de desaparecidos durante la dictadura militar, delito por el que han ingresado en prisión los expresidentes "de facto" Jorge Videla y Reynaldo Bignone, entre otros.
