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La jueza Juana Méndez declaró ayer culpable y condenó a 20 años de prisión al expresidente nicaragüense Arnoldo Alemán (1997-2002) por los delitos de lavado de dinero, fraude y malversación de fondos públicos, entre otros.
Alemán, el primer expresidente del país condenado por actos de corrupción, cumplirá temporalmente la condena en su hacienda El Chile, en el sur de Managua, a la espera de un nuevo dictamen médico sobre su estado de salud, dijo la jueza primera del Distrito del Crimen, Méndez, al leer su sentencia.
“Se declara culpable al doctor José Arnoldo Alemán Lacayo (...) por los delitos de lavado de dinero y/o activos provenientes de actividades ilícitas, fraude, malversación de caudales públicos, peculado, asociación e instigación para delinquir y delito electoral”, dijo Méndez.
El fallo fue recibido en un ambiente de fuerte tensión política en Nicaragua, donde Alemán ostenta un firme liderazgo en el gobernante Partido Liberal Constitucional (PLC).
Decenas de simpatizantes del expresidente reaccionaron con violencia a la decisión en los juzgados de Managua, a los que lanzaron piedras e intentaron penetrar por la fuerza.
En la trifulca resultaron heridos dos agentes de la Policía por las piedras lanzadas. Los manifestantes fueron neutralizados rápidamente con gases lagrimógenos por oficiales antimotines.
En su resolución, Méndez absolvió por todos estos cargos al también detenido exdirector de Ingresos del gobierno de Alemán, Byron Jerez, quien en junio fue condenado por otro juez a ocho años de prisión por emisión fraudulenta de cheques estatales.
La Procuraduría General de Nicaragua acusó a Alemán y a varios funcionarios y familiares del exmandatario de desviar unos $100 millones de fondos estatales, pero solo presentó cargos por presunto lavado de dólares, fraude y otros delitos por un total cercano a $10 millones.
Tales fondos habrían sido sacados de unas 15 instituciones públicas de Nicaragua y enviadas a las cuentas bancarias de Alemán en Panamá.
Las acusaciones fueron impulsadas por el presidente Enrique Bolaños, en el gobierno desde enero del 2002 y quien sirvió como vicepresidente en cuatro de los cinco años de gestión de Alemán, su correligionario en el PLC.
Pero por gozar de inmunidad por ser diputado ante la Asamblea Nacional y ante el Parlamento Centroamericano, el expresidente no pudo ser llevado ante el banquillo de los acusados en agosto del 2002.
Tras una batalla parlamentaria de varios meses, Alemán finalmente fue desaforado como diputado en diciembre del 2002 y debido a que perdió su inmunidad legislativa compareció ante el Juzgado Primero de Distrito del Crimen a cargo de Méndez.
Fue la jueza Méndez quien ordenó su arresto domiciliario en su hacienda El Chile, unos 26 kilómetros al sur de Managua.
La jueza decidió el traslado de Alemán hacia una cárcel en agosto y a finales de noviembre resolvió otorgarle de nuevo el beneficio del arresto domiciliario por consideraciones a sus enfermedades crónicas, según dijo.
El procurador penal Iván Lara presentó una solicitud para que los médicos valoren de nuevo el estado de salud de Alemán, a quien vieron la semana pasada en actividades con partidarios.
Aberrante
La sentencia indignó a la defensa de Alemán, que calificó como “aberrante” el fallo de la jueza.
“¡Es aberrante!”, dijo el abogado Mauricio Martínez cuando escuchó la sentencia en la sala de audiencias del juzgado capitalino.
Ante la prensa, Martínez rechazó la sentencia porque asegura que el delito de lavado de dinero “no existe” en Nicaragua y por tanto aseveró que la sentencia fue contra la ley.
El veredicto de Méndez “lo vamos a revocar en el Tribunal de Apelaciones. Todo es nulo”, añadió Martínez.
El jurista acusó al FSLN, que tiene amplia influencia en el Poder Judicial, por la sentencia dada a Alemán.
Alemán estaba negociando con sus adversarios del FSLN una serie de leyes y cambios en el Poder Judicial a cambio de su libertad.
Sin embargo, el secretario del FSLN, el expresidente Daniel Ortega (1979-90), dio por terminadas las negociaciones con el PLC alegando que Alemán condicionaba todo acuerdo a que fuese liberado en los procesos que se le siguen.
