EscucharManagua y Bruselas. El presidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán, encargó ayer a la Cancillería que resuelva las tensiones que han surgido con la Unión Europea (UE) por el manejo de un proyecto para construir 1.000 viviendas, aunque el asunto lo iba a gestionar inicialmente el Banco de la Vivienda de Nicaragua (BAVINIC).
Alemán afirmo a la agencia ACAN-EFE que desde ayer será el canciller Eduardo Montealegre el encargado de superar las divergencias con la UE sobre el proyecto.
El Mandatario insistió en que "se respete el convenio original", a fin de que policías, maestros y enfermeras puedan adquirir las casas aunque sus ingresos sean, "como estaba contemplado". Alemán ordenó la semana pasada clausurar las oficinas del proyecto en Managua.
Según el Gobierno de Nicaragua la UE, en forma unilateral, modificó una cláusula del convenio relativo al ingreso que deben tener los beneficiarios para optar por una vivienda que pasó de entre $67 y $222 (entre ¢20 mil y ¢64 mil) a la única suma de $250 (¢72 mil).
El Mandatario pidió ayer a la prensa adoptar "una posición nacionalista" en el con la UE.
"Ustedes ayuden al país, hay muchos que antes se decían nacionalistas y ahora ¿qué paso con el nacionalismo?", cuestionó Alemán a la prensa, a la que pidió "respaldar la posición gubernamental".
No obstante, los europeos, que calificaron la víspera de "muy grave" el incidente con el gobierno, han aclarado que el techo de ingreso de $250 es "familiar", que fue fijado en conjunto con la parte nicaragüense y sirve sólo para garantía pues las mensualidades son de $67.
Pese a la polémica en torno al ingreso, responsables europeos y nicaragüenses de la obra filtraron a la prensa que el verdadero motivo del cierre del proyecto fue la molestia del presidente Alemán porque no se le entregaron 14 viviendas que él deseaban obsequiar a varios allegados.
En momentos que la disputa parece no encontrar solución, la UE advirtió ayer, desde Bruselas, a los países más pobres del mundo que deben eliminar la corrupción y la mala administración de sus economías si desean renovar un pacto de ayuda y comercio con Europa.
Pero los 71 miembros de la asociación de países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) se oponen a la incorporación de una cláusula de "buen gobierno" en la renovación de un acuerdo al respecto, que expira en febrero tras 24 años de vigencia.
Los países del grupo consideran que sus actuales compromisos para respetar la ley y los derechos humanos son suficientes para combatir la corrupción y garantizar un gobierno adecuado, y se oponen a una nueva cláusula en el pacto que, aseguran, Europa podría utilizar para limitar el comercio o la asistencia económica.
