EscucharLima. AFP. El alcalde de la sureña localidad indígena aymara de Ilave, Cirilo Robles, asesinado a golpes hace un año por una turba que lo acusó de corrupto, era inocente, según dos informes de la Contraloría General de Perú dados a conocer ayer por la prensa de Lima.
Los informes exculpan al difunto alcalde de irregularidades y de enriquecimiento ilícito durante su gestión, denuncias que encendieron la hoguera y desembocaron en su linchamiento en la plaza principal de Ilave.
Los informes de la Contraloría, los primeros que dan cuenta de la inocencia del alcalde, se publicaron en el diario El Comercio , en vísperas del primer aniversario, hoy, del crimen a manos de pobladores fuera de control por el alcohol.
El asesinato habría sido impulsado por grupos de contrabandistas que operan en la frontera con Bolivia, cuyos intereses estaban siendo afectados por la acción del alcalde Robles, según testimonios recogidos por la prensa.
A raíz del crimen se detuvo a 29 personas que son juzgadas en Ilave, en un proceso que debe concluir el 17 de mayo entrante, en tanto que otras 13 viven en la clandestinidad desde entonces.
A pesar de existir un video del linchamiento -imagénes que fueron transmitidas por cadenas de televisión peruanas- la justicia no ha podido determinar quienes son los responsables.
Los informes detectaron hechos ilícitos pero en ningún caso el responsable es el alcalde asesinado sino funcionarios menores.
Sus identidades solo fueron proporcionadas a la fiscalía y se mantienen en reserva para evitar reacciones trágicas en su contra.
El linchamiento popular de Ilave puso sobre el mapa a esa localidad poblada por indígenas de la etnia aymara, que viven básicamente del comercio con Bolivia y que denunciaron estar abandonados por el Estado peruano.
La muerte de Robles dejó expuesto el descontento social en esa región, que se considera ajena a Perú y más cercana a Bolivia.
En julio pasado, Ilave eligió a su propio alcalde en desafío a la autoridad electoral, que había designado a otra persona en reemplazo del linchado Robles.
El regidor Miguel Flores Chambi inició su gestión en medio de amenazas de destitución que no se han cumplido por temor a una revuelta indígena.
El linchamiento de Ilave generó una crisis política que desembocó en la renuncia del ministro del Interior, Fernando Rospigliosi.
Los aymaras aprovecharon el caso para pasar el mensaje de un resurgimiento de la conciencia indígena, cuya utopía es recomponer el imperio inca que abarcó Perú, Bolivia, Ecuador y Chile.
