EscucharBuenos Aires (DPA). Mas de 20 represores irán a juicio oral por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención que funcionaba en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) de Buenos Aires durante la última dictadura militar argentina (1976-1986).
El juez federal Sergio Torres elevó a un tribunal a represores que actuaban en la ESMA, a quienes responsabiliza por más de medio millar de violaciones a los derechos humanos cometidas allí, según informó hoy el Centro de Información Judicial.
En su resolución, el magistrado imputó por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada y tormentos seguidos de muerte a 21 exmarinos, entre los que están Ricardo Miguel Cavallo, Edgardo Aroldo Otero, Alberto Gabriel Vigo, Miguel Angel Alberto Rodríguez, Miguel Angel García Velazco, Carlos Octavio Capdevila, Mario Pablo Palet, Julio César Binotti y Rubén Oscar Franco, entre otros, integran esa nómina.
También deberán sentarse en el banquillo los acusados Eduardo Morris Girling, Carlos Eduardo Daviou, Ricardo Jorge Lynch Jones, Daniel Néstor Cuomo, Víctor Roberto Olivera, Juan de Dios Daer, Paulino Oscar Altamira, Miguel Enrique Clements, Juan Carlos Fotea, Hugo Damario, Rubén Oscar Lanzón y Raúl Jorge González.
En una resolución de 667 cartillas el magistrado imputó a los exoficiales de diversos delitos que incluyen privación ilegal de la libertad agravada y tormentos seguidos de muerte a 528 víctimas que estuvieron ilegalmente cautivas en la ESMA.
Torres elevó la causa al Tribunal Oral Federal N.° 5 que, desde noviembre pasado, juzga a otro grupo de exoficiales de la ESMA, entre los que se encuentran Alfredo Astiz y Jorge "El Tigre" Acosta, por las desapariciones de las monjas francesas Leonnie Duquet y Alice Domon y del escritor y periodista Rodolfo Walsh, entre otros.
Todas estas actuaciones son desprendimientos de la "megacausa ESMA" que fueron reabiertas tras la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final -que beneficiabas a los militares que participaron en la dictadura-, y que tiene decenas de imputados que afrontan posibles penas de prisión perpetua en la mayoría de los casos.
Según los organismos de derechos humanos, unas 30.000 personas desaparecieron durante la última dictadura.
