EscucharNueva York. AFP. Más de 2.000 empresas que hicieron negocios en el criticado programa Petróleo por Alimentos, pagaron sobornos y otras cargas ilegales que contribuyeron a que el régimen iraquí de Sadam Husein lograra desviar $1.800 millones del programa de las Naciones Unidas.
Estas son las conclusiones más significativas a las que llegó la comisión encabezada por el expresidente de la Reserva Federal estadounidense, Paul Volcker, que ayer difundió su quinto y último informe sobre la corrupción en el programa de la ONU.
Grandes empresas como la sueca Volvo, la alemana Siemens o el consorcio germano-estadounidense Daimler Chrysler, además de españolas como Repsol y la petrolera estatal venezolana PDVSA, aparecen mencionadas en el informe de la Comisión Volcker sin que ello signifique que pagaron sobornos a sabiendas.
"Quiero enfatizar que la identificación de los contratos de compañías particulares no significa que la compaña hizo, autorizó o incluso supo de los pagos ilícitos", dijo Volcker a la prensa.
Las mencionadas forman parte de las 4.500 compañías de 60 países que hicieron negocios con el régimen de Sadam Husein, a quien el programa de la ONU le dio el poder de decidir a quien daba contratos.
El informe cuestiona el papel del banco francés Banque Nationale de Paris (BNP), que fue el designado para recibir el dinero de las ventas del programa y que no fue muy diligente a la hora de darse cuenta de lo que ocurría.
"Aunque no hay evidencias de que la BNP supiera, o aprobara el uso de sus centros para el pago de comisiones ilegales, estaba en una posición privilegiada para detectar esos pagos, y no lo hizo".
En el marco del programa, dice, miles de empresas hicieron negocios a través de una maraña de intermediarios corruptos.
Los barcos que llegaban al puerto de Um Qasr cargaban más petróleo sin que nadie lo impidiese y el régimen iraquí distribuía lucrativos contratos a las empresas de los países menos hostiles, Francia, Rusia y China, mientras se los negaba a empresas estadounidenses o británicas.
La ineptitud de la administración de la ONU, denunciada por la Comisión, hizo que el régimen de Sadam estuviera cada vez más cómodo pidiendo comisiones ante la falta de métodos de control.
"El momento crucial llegó en el año 2000, cuando Iraq impuso la obligatoriedad de pagar sobrecargas y sobornos", dijo Volcker.
En vigor entre 1996 y 2003, más de $64.000 millones se movieron en el marco de este programa.
