Escuchar¿Confía en los consejos financieros de influencers en redes sociales? La Superintendencia General de Valores (Sugeval) anunció este jueves que buscará regular a los llamados finfluencers, quienes, al compartir contenido sobre finanzas e inversiones, estarían ofreciendo asesorías o promoviendo inversiones sin autorización. La entidad advirtió que algunos de estos creadores de contenido podrían incurrir en oferta pública de valores encubierta, lo que representaría un riesgo para los inversionistas.
Durante una conferencia de prensa sobre el comportamiento del mercado de valores y seguros, el superintendente Tomás Soley informó de que la entidad presentará un proyecto de ley en el segundo semestre del 2025 para tipificar como delito la oferta pública no autorizada; es decir, la promoción, venta o negociación de valores sin el permiso de la superintendencia.
La propuesta también contempla la incorporación de nuevas figuras en la regulación actual, incluyendo asesores de inversión e influencers.
“En la actualidad hemos visto una explosión de influencers, finfluencers, que son los influencers que hablan de finanzas y cómo este montón de personas físicas están dando criterios, están supuestamente asesorando a sus públicos e incluso rayando —algunos de ellos— en lo que es la oferta pública de valores, ocultándose en temas de capacitación y demás”, explicó el jerarca.
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Según el superintendente, la normativa vigente que regula estas prácticas es “bastante débil” y no contempla el surgimiento de nuevas figuras que inciden en la promoción, venta y negociación de valores. Por ello, además de tipificar la oferta pública no autorizada como delito, la propuesta incluye la modificación del régimen de multas fijas dentro del marco sancionatorio actual.
Soley explicó que la ley actual establece multas muy específicas y únicas, lo que limita a Sugeval en la aplicación de sanciones con mayor proporcionalidad. “Las otras superintendencias (de pensiones, seguros y entidades financieras) tienen ese régimen que es un poco más adecuado en tanto se puede graduar la multa según el comportamiento que se haya detectado y comprobado por parte de las entidades”, señaló.
Danilo Montero Rodríguez, director ejecutivo de la Oficina del Consumidor Financiero (OCF), advirtió a La Nación de que existe una gran cantidad de asesores de inversión, o personas que se presentan como tales, quienes ofrecen productos que no tienen sustento o pueden derivar en engaños. El jerarca citó ejemplos en los que se afirma a los inversionistas que sus fondos están exentos de impuestos o se les promete una rentabilidad anual del 20%, 25% e incluso hasta el 50%.
Montero dijo que a la OFC le preocupa que algunos asesores o promotores de inversión no aclaren si operan de manera independiente o si están vinculados a un puesto de bolsa extranjero o a la bolsa de comercio local. Esto podría llevar a que las personas establezcan relaciones mercantiles sin contar con toda la información necesaria.
“Todo ese panorama nos hace pensar de que la iniciativa de la Sugeval tiene todo el sentido del mundo”, concluyó.
Sugeval tendría ‘más dientes’ para regular ofertas no autorizadas
Ante consultas de este diario, Tomás Soley explicó que la iniciativa fortalecería las facultades de Sugeval para actuar ante la detección de ofertas de valores no autorizadas.
De acuerdo con el jerarca, actualmente, la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) puede intervenir de inmediato para perseguir delitos como el de intervención financiera, incluyendo la facultad de cerrar locales con ayuda de la Fuerza Pública, pero esta capacidad no se extiende a la oferta pública no autorizada.
“En el caso de la oferta pública de valores, la tipificación del delito tiene ciertas debilidades. Eso es lo que se quiere corregir. Cuando se ha detectado algo que sí puede ser susceptible de denuncia, pues sí se ha denunciado, pero por eso la importancia de ajustar la normativa a efecto de que el día de mañana, si hay una oferta pública no autorizada, tener todas las atribuciones que tienen otras superintendencias”, señaló.
Soley añadió que en la corriente legislativa también se discuten otros proyectos relevantes, como el expediente 24.810, que busca tipificar los fraudes piramidales como delito de estafa. La iniciativa, impulsada por la diputada Paulina Ramírez, del Partido Liberación Nacional (PLN), define estos esquemas como mecanismos fraudulentos de captación de inversiones no reguladas, en los que se pagan altos rendimientos con el mismo capital aportado por nuevos inversionistas.
“Por medio de este tipo de figuras es que también se han dado elementos de oferta pública y elementos de intermediación, que le han entregado a inversionistas un sueño que se convierte al final en pesadillas”, concluyó.
El superintendente señaló que, ante una denuncia por oferta pública no autorizada, el Ministerio Público solo recibe acompañamiento y comunicación por parte de las entidades de supervisión. No obstante, insistió en la necesidad de fortalecer el control sobre estas prácticas.
