EscucharPor César Muñoz Acebes
Washington, 13 feb (EFE).- La primera vista de una demanda de la empresa alemana Siemens contra el Gobierno argentino se celebró hoy en Washington en un caso que afecta a los datos personales de todos los argentinos, recopilados por la empresa que operó un sistema nacional de registro.
Siemens reclama 600 millones de dólares al Gobierno argentino como compensación por rescindir el acuerdo, a su juicio, de forma ilegal. Buenos Aires ha ofrecido tan sólo 63 millones de dólares.
Hoy se celebró la primera vista sobre el conflicto ante el Centro de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI, por sus siglas en inglés), un organismo de mediación que pertenece al Banco Mundial.
"Se trata de un proceso muy complicado, por la envergadura de los montos económicos y por la naturaleza sensible de los datos de los que estamos hablando", dijo a EFE Domingo Bello Janeiro, catedrático de derecho civil de la Universidad de A Coruña y uno de los tres miembros del tribunal que dirimirá la causa.
Siemens tiene información detallada de los datos personales básicos de todos los argentinos y de cuándo y por dónde entraron y salieron del país hasta 2001, año en que se canceló el acuerdo.
La empresa alemana suscribió el contrato -por valor de 1.600 millones de dólares- en 1998 con el Gobierno del entonces presidente Carlos Menem, por el cual Siemens se comprometió a producir los documentos de identidad argentinos, los padrones electorales y la informatización de los controles fronterizos.
No obstante, el presidente Fernando de la Rúa rescindió en 2001 el acuerdo por considerar que el precio de producción de los pasaportes -27 dólares cada uno- era caro.
El Gobierno fundamentó entonces su decisión en la ley de emergencia económico-financiera del Estado nacional, "que faculta a disponer por razones de emergencia la rescisión de los contratos de obras, servicios, suministros, consultoría o cualquier otro tipo que generen obligaciones a cargo del Estado".
La empresa demandó al Gobierno argentino en los tribunales contencioso-administrativos nacionales y también consiguió un poderoso apoderado, el canciller alemán Gerhard Schroeder, que se quejó a Buenos Aires, pero ambas estrategias fracasaron.
Por ello, Siemens llevó la causa ante el CIADI, un tribunal de mediación cuya jurisdicción es aceptada por 138 países, entre ellos Alemania y Argentina.
La audiencia de hoy en Washington, que se realizó a puerta cerrada, fue puramente procesal y en ella se fijaron los plazos y métodos de presentación de documentos, pero no estuvo exenta de tensión.
Buenos Aires pidió que la fase probatoria, en la que las partes presenten pruebas para justificar sus alegatos, tenga lugar en Argentina, ya que allí se encuentran los peritos y las máquinas fabricadas por Siemens, según fuentes de las partes.
La empresa se opuso radicalmente a la propuesta y arguyó que realizar las vistas en suelo porteño sometería al tribunal a presión, dada la delicada naturaleza de la causa.
En respuesta, los abogados argentinos pidieron a Siemens que explicase los calificativos "injuriosos" con respecto a la actuación de su Gobierno.
Al final, la próxima audiencia se celebrará en Washington dentro de un año y no se espera que el conflicto se resuelva antes de dos.
La labor del tribunal será interpretar las condiciones del contrato firmado por las dos partes para determinar si la rescisión fue legal y el órgano emitirá un laudo de obligado cumplimiento que no podrá recurrirse en ninguna corte del mundo.
"Siemens quiere recuperar la inversión y Argentina quiere lograr la confianza del inversor mostrando que las decisiones del Estado son correctas", dijo Bello Janeiro.
Argentina ha ofrecido pagar a Siemens 13 millones de dólares por su inversión y 50 millones por las licencias informáticas y los códigos fuente o contraseñas que necesita para usar las máquinas y los sistemas informáticos alemanes, que ahora están parados.
Siemens reclama 600 millones de dólares por la inversión realizada y por las ganancias que dejó de obtener. EFE
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