EscucharLa primera fase de la modernización de la refinería empezará a operar en setiembre pero, pese a que aumentará la capacidad de refinación, no será rentable y, por ello, no generará ninguna rebaja en los precios de los combustibles.
Tampoco tendrá capacidad para producir más gasolina y el diesel, aunque sí se elaborará en más cantidad, no cumplirá con las normas de calidad ambiental vigentes. Por esto, el país deberá seguir importando una cantidad sustancial de ambos combustibles.
Este es el resultado de un proceso que tomó 15 años, la inversión de ¢16.271 millones ($53 millones) y el paso de cuatro administraciones por la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), informó su actual presidente ejecutivo, Gerardo Rudín.
La rentabilidad y la solución de las limitaciones indicadas solo será posible cuando se realice la segunda fase del proyecto; sin embargo, ni siquiera hay una fecha de arranque de la nueva obra pues no se han elaborado los diseños ni se ha iniciado el proceso de contratación.
Pero tales limitaciones no son sorpresivas ni se deben a los atrasos de casi dos años en la ejecución de la obra. Según el gerente de desarrollo de la entidad, Jorge Blanco, así fue como se planeó y ejecutó esta fase, por razones políticas y no técnicas.
Sobre este aspecto la junta directiva actual y la anterior sostienen una fuerte confrontación. Esta última se encargó de definir el proyecto y hacer las contrataciones y la primera de ejecutar la obra.
Las estimaciones iniciales eran ahorrar unos ¢3.070 millones ($10 millones) anuales con el arranque de la planta, porque la compra de crudo es menos costosa que la de productos terminados. El ahorro no ha sido posible por una serie de atrasos que Recope atribuye en gran parte al principal contratista, la empresa española Dragados y Construcciones.
Al respecto la firma y la entidad tienen dos causas pendientes en los tribunales. La Nación intentó obtener la versión de la compañía, pero su abogado, Enrique Rojas, informó que no pudo localizar a los representantes.
El plan de modernización está separado en dos etapas, cada una dividida en dos fases, y consiste en reconstruir la refinería que llegó al país (ya usada) en 1972. Los objetivos son aumentar la producción de 15.000 a 25.000 barriles diarios, hacer productos amigables con el ambiente y reducir los gastos de operación.
El costo de la primera etapa es de $120 millones, de los cuales $53 corresponden a la primera fase, que empezó en enero de 1998, debía estar lista un año después y hasta ahora está por concluirse. De esos $53 millones, $33,5 millones corresponden al contrato con Dragados y el resto a contratos menores y compra de materiales.
Las primeras pruebas se realizarán en dos meses y ya se gestionaron los primeros embarques de crudo, explicó Rudín.
Limitaciones
No se podrá producir más gasolina que antes de cerrar la planta, en 1997, porque en los trabajos de la primera fase no se previó ampliar la unidad de reformado (donde al producto se le da la composición adecuada), explicó Blanco.
En consecuencia, Recope seguirá comprando gasolina en el extranjero, en una cantidad no especificada.
En el caso del diesel sí aumentará la producción, pero se programó para la segunda fase la instalación del equipo que permite darle una composición con 0,5 por ciento por ciento de azufre, exigida por las normas vigentes en Costa Rica. La solución es bajar ese nivel mezclándolo con diesel de una composición de 0,2 por ciento que se importará.
No obstante, en el año 2003 el límite se reducirá a 0,05 por ciento, la composición más baja del mercado. Rudín explicó que difícilmente la segunda fase estará lista para ese entonces y habrá que importar todo el diesel, como si la planta estuviera cerrada, o cambiar la normativa.
Los problemas con la rentabilidad se originan en que la primera fase solo ofrece una tasa de retorno de 8,57 por ciento y una rentabilidad bruta por año de $8,3 millones.
Según datos suministrados por Recope, la tasa de retorno es negativa si es inferior a 10 por ciento y a la rentabilidad bruta hay que restarle los costos operativos, los gastos por compra de crudo y otros.
"Lo que le queda a Recope es un monto tan pequeño que una rebaja en los combustibles sería de unos céntimos", comentó Rudín. Por ahora, agregó, no es factible ni una rebaja.
Ambas fases juntas hubieran generado una tasa de retorno de 12,39 por ciento y una rentabilidad bruta de $25,40 millones. Con ello se recuperaría la inversión y se obtendría mayor ganancia.
Rudín agregó que otro inconveniente de la estructura de la primera fase es que generará una sobreproducción de un compuesto llamado nafta, cuyo excedente deberá exportarse como usarse como disolvente, pese a ser de difícil venta en el mercado internacional. Se está buscando la forma de reducir el exceso.
Pese a lo anterior, las autoridades resaltaron como ventajas del inicio de operaciones el ahorro de divisas para el país, que en 1999 pudo haber sido de unos $7 millones, y menores costos operativos, explicó Blanco. No se ha calculado el porcentaje exacto.
Mal desde el inicio
A criterio de Rudín, las causas de las limitaciones de la remodelación se originaron en la división del proyecto en las fases ya citadas. Blanco confirmó que técnicamente no era adecuado separarlo en partes pero que esa fue una decisión política de la junta directiva anterior.
Manuel Enrique Gómez, quien fue presidente de ese grupo y otros cinco exdirectivos aseguraron a La Nación que esa fue la opción más viable que tuvieron.
Gómez explicó que el contrato con Dragados y Construcciones se firmó en la administración anterior a la suya, en 1993, paralelamente a la aprobación en el Congreso de un préstamo del gobierno español por $15 millones destinados a ese proyecto.
No obstante, antes de empezar a ejecutarse, agregó Gómez, los técnicos de Recope detectaron que el plan contratado no era lo que el país necesitaba, pues empezaron a regir normativas ambientales que exigieron eliminar el plomo de la gasolina y reducir el nivel de azufre del diesel y ello no estaba previsto.
Gómez admitió que lo mejor hubiera sido realizar un contrato nuevo, pero, según explicó, el de Dragados y Construcciones no podía cancelarse porque Recope hubiera tenido que pagarle una multa de varios millones de dólares.
Señaló que el modelo de concesión de obra pública (financiamiento del sector privado) aún no estaba muy desarollado y entonces se optó por readecuar el contrato a un nuevo plan, que elaboró el Instituto Francés del Petróleo acorde a las necesidades nacionales.
Cabe resaltar que el gobierno español también ha manifestado su preocupación por los problemas en el proceso.
Al readecuarse, el costo de la obra ascendió de $22 millones a $120 millones. La entidad no tenía suficientes recursos económicos y pidió a los técnicos elaborar varias opciones de división del plan, que permitieran empezar la modernización con menos dinero, dijo Gómez.
Blanco informó que se hicieron tres propuestas y la junta directiva escogió la más recomendable, cuyo costo en la primera fase rondaba los $51 millones (al final costó $53 millones por la compra de más material durante la ejecución).
Gómez insistió en que se escogió la mejor de las tres opciones y Blanco coincidió con ello.
No obstante, Rudín insiste en que en las actas de la sesión de junta directiva del 19 de febrero de 1996 se advertía que la antorcha, las unidades ambientales y otros componentes de la planta, que se dejaron para la segunda fase, eran necesarias para que la refinería "opere a su máxima capacidad, en forma segura y rentable".
Gómez y los restantes directivos de ese entonces rechazaron haber recibido recomendaciones contrarias al sentido en que decidieron y que se basaron en criterios técnicos.
Según Gómez, su administración dejó negociado un préstamo con México, para que el Instituto Mexicano del Petróleo realizara la segunda fase en cuanto concluyera la primera, de modo que la rentabilidad se alcanzara más rápidamente.
Rudín ha señalado que la institución no tiene recursos propios y tampoco puede endeudarse, debido a los límites de gasto establecidos por el Gobierno. (Ver recuadro sobre el futuro.)
Errores y atrasos
En cuanto a las tardanzas durante casi dos años en la ejecución, Rudín aseguró que desde el principio del plan hubo advertencias de que en la puesta en práctica de la primera fase podían generarse numerosos cambios que atrasaran el proyecto.
Afirmó que eso fue lo que ocurrió, debido a una cantidad exagerada de cambios hechos por Dragados y Construcciones y a la forma de contratación elegida por la directiva anterior. (Ver recuadro.)
Según dijo, en las actas de la sesión del 21 de agosto del mismo año se advierte que "existen suposiciones que deben ser verificadas durante la ejecución del proyecto. Esto podría inducir a órdenes de cambio". No se especifican las suposiciones.
Rudín también se fundamentó en una auditoría hecha en setiembre del año pasado por la firma Carvajal y Colegiados, la cual señala: "...existen aspectos que no fueron tomados en cuenta al momento de estudiar y aprobar los subcontratos citados, tal es el caso de Recope que aceptó las programaciones entregadas por Dragados y Construcciones S.A., que en muchos casos fueron estimaciones". No se detallan los casos.
Blanco explicó que las variaciones son normales en ese tipo de trabajos, pero que en este caso se hicieron muchas por una mala estimación de las cantidades. Por ejemplo, solo en tuberías se registran 1004 modificaciones. Además, se pensaba utilizar la antigua antorcha pero luego se descubrió que debía comprarse una nueva, explicó Rudín.
Con cada compra adicional, tenía que solicitarse la autorización de la Contraloría General de la República y luego gestionar la adquisición. Por ello, la fecha de arranque de operaciones (enero de 1999) se ha venido posponiendo en numerosas oportunidades.
La respuesta de los exdirectivos fue que se basaron en recomendaciones ténicas y los cambios posteriores no son su responsabilidad.
Otra demora se dio durante la contratación de siete empresas encargadas de ejecutar la obra por partes, según su especialidad, bajo la supervisión española.
Según la auditoría de Carvajal y Colegiados, las contrataciones no se hicieron en el plazo previsto porque los documentos para elaborar los carteles fueron entregados, por Dragados y Construcciones a Recope, hasta tres meses después de lo acordado.
Por ser una empresa estatal, Recope debía seguir procedimientos lentos de licitación y las obras, previstas para mayo de 1997, empezaron hasta diciembre de ese año, cuando se cerró la planta.
Como se indicó, no fue posible obtener la versión de Dragados y Construcciones, pero en la demanda que planteó contra Recope el año pasado la acusa de hacer las contrataciones tardíamente. También alegó que los cambios posteriores no afectaban ni el plazo ni el costo del proyecto.
Blanco explicó que los atrasos no encarecieron los materiales porque ya estaban contratados. Reiteró que el aumento de $2 millones en el costo del proyecto se debe a la compra de material adicional.
Recope también está negociando con algunas de las otras siete empresas para determinar posibles multas por atrasos y evitar nuevas demandas. Esas firmas hicieron trabajos de obra civil, estructuras metálicas, fabricación y montaje de tuberías, electrificación (que al final asumió Recope) y otras.
