EscucharBuenos Aires, 28 ene (EFE).- El Puente Internacional General San Martín, que une Argentina y Uruguay, fue reabierto hoy tras el corte realizado durante casi 24 horas por vecinos y ecologistas en rechazo a la instalación de dos papeleras en Fray Bentos.
Los manifestantes levantaron el bloqueo de la ruta nacional 136, a pocos kilómetros del puente, que conecta el municipio argentino de Gualeguaychú de la provincia de Entre Ríos, con la ciudad uruguaya de Fray Bentos, donde la compañía española ENCE y la finlandesa Botnia construyen sendas papeleras.
Los ecologistas, que consideran a las plantas de celulosa "altamente contaminantes", decidieron suspender el bloqueo tras confirmar que el próximo lunes se reunirán con el gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, para analizar eventuales medidas de protesta alternativas a los cortes de ruta.
De todas formas, los manifestantes realizarán mañana, domingo, una caravana de repudio hasta el puente General San Martín, por lo que el tránsito volverá a estar interrumpido por unas horas.
Por su parte, habitantes de la ciudad argentina de Colón permanecen desde hace una semana en el paso hacia el distrito uruguayo de Paysandú para impedir el paso de tres camiones de Botnia de patente uruguaya.
Pero otros ocho móviles de la compañía procedentes de Chile, que hasta el viernes se mantenían frente al paso fronterizo, iniciaron el regreso a su país.
En ese paso -uno de los tres existentes entre ambos países- se permitía cruzar a los vehículos privados, en momentos en que Argentina transita su temporada turística de verano.
En tanto, integrantes del Foro de Salud y Medio Ambiente de Argentina realizaron hoy una protesta frente a la Embajada de Uruguay en Buenos Aires para repudiar la construcción de las plantas, situadas a la vera del río Uruguay.
Esta protesta se suma a las que vecinos y ecologistas llevaron a cabo frente a los consulados uruguayos de las ciudades argentinas de Rosario, Colón, Concordia y Córdoba, en forma simultánea a la de Buenos Aires.
Busti confirmó hoy que la Legislatura de la provincia de Entre Ríos aprobará la próxima semana el proyecto de ley para formalizar el pedido al Gobierno nacional para que intervenga ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por la controversia desatada con Uruguay por las dos fábricas de celulosa.
Las plantas suponen una inversión de 1.800 millones de dólares, la mayor que recibirá Uruguay en su historia, mientras que las autoridades de Entre Ríos sostienen que acarrearán pérdidas a la provincia por unos 800 millones de dólares anuales a causa de la contaminación del río Uruguay, fronterizo entre ambos países. EFE
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