Proveedores de datos podrían enfrentar sanciones millonarias si difunden información errónea

Aquellas empresas encargadas de suministrar datos a entidades financieras y empresas privadas podrían enfrentar sanciones económicas de hasta 20 salarios base (¢350.000 aproximadamente) si se comprueba que la información que brindan es incorrecta.

Así lo explicó Alejandro Vargas, abogado de la Asociación de Consumidores Libres (ACL), quien invitó a los consumidores a denunciar aquellos casos en los que se han visto perjudicados por información inexacta.

"Sabemos de muchos casos en que se le deniega un crédito a un cliente porque en la información consultada por las entidades los consumidores aparecen con deudas o problemas que afectan su capacidad crediticia y que ya fueron solucionados. El brindar datos que no son actuales ni veraces les podría significar la apertura de un proceso administrativo", explicó Vargas.

Empero, a partir de la denuncia de un cliente, y amparado bajo los contenidos de la Ley de Protección de Datos Personales N° 8968, la ACL le comunicaría en primera instancia a la entidad de bases de datos el que suprima o corrija la información equivocada.

De no acatar la disposición, se iniciaría un proceso administrativo, en cojunto con la Agencia de Protección de Datos del Ministerio de Justicia, que podría desencadenar en una sanción económica.

"La imagen de los consumidores se ve claramente afectada con la información que estas empresas recopilan. El objetivo es informar y asesorar a los consumidores en el proceso que se debe llevar para lograr que no continúe existiendo un perjuicio en su imagen. En este momento tenemos un caso en estudio", concluyó.

Los consumidores podrán comunicarse al número 2221-9867 de la Asociación para solicitar el estudio y apertura de un caso de este tipo.