EscucharCaracas, 20 feb (EFE).- Un tribunal de Caracas prohibió hoy salir de Venezuela a 16 representantes de instituciones bancarias públicas y privadas, sobre quienes pesan imputaciones por supuesta usura y que se estima intentarían fugarse del país.
El Tribunal Penal 44 señaló en un comunicado que acogió así la solicitud del fiscal José Rojas, quien alega "la existencia de suficientes elementos de convicción para presumir que existe el peligro de fuga de quienes están siendo investigados para determinar si incurrieron o no en el delito de usura".
La imputación en Venezuela, a cargo de la Fiscalía General, es previa a la formulación de cargos acusatorios formales.
Desde el próximo 28 de febrero, deberán acudir a la Fiscalía en calidad de imputados los ex presidentes del autónomo Banco Central de Venezuela (BCV, emisor) Antonio Casas y Diego Castellanos, así como el ex superintendente de Bancos Francisco Debera y otros funcionarios públicos.
También los directivos de los bancos privados Banesco, Juan Carlos Escotet; Unibanca, Ignacio Salvatierra; Mercantil, Gustavo Marturet; Provivienda, Andrés Azpúrua; Corp Banca, Lautaro Aguilar; Provincial, José Carlos Pla Royo, y Michel Goguikian, presidente del Banco Venezuela, filial del español Grupo Santander.
Goguikian ha sido el único que públicamente ha aludido al asunto, y el pasado 3 de febrero dijo a los periodistas que oficialmente desconocía que la Fiscalía lo haya imputado y recalcó que el Banco Venezuela no concede "créditos indexados".
Todos ellos han sido imputados por la eventual concesión de sus instituciones de ese tipo de préstamo que prevé una tasa de interés ajustable según el ingreso de los solicitantes, varios de los cuales han denunciado que se les cobró "intereses sobre intereses".
El proceso fue solicitado por el diputado oficialista Darío Vivas, quien denunció a los banqueros ante la Fiscalía por el delito de usura, logrando que fueran imputados como tales.
Para la apertura del proceso, la Fiscalía dijo haber analizado 38 querellas penales individuales y denuncias del Instituto Nacional para la Defensa del Consumidor y de la Asociación Nacional de Deudores Hipotecarios que aluden a créditos otorgados entre enero de 1996 y julio de 2001.
En enero de 2002 el Tribunal Supremo de Justicia prohibió a la banca conceder créditos bajo esa modalidad. EFE
ar/chg
